Condenan a Gabriel Ramos del Partido Verde por distribuir videos de abuso infantil

Gabriel Ramos Vilchez, excandidato a concejal del Partido Verde y exmilitante de La Cámpora, fue condenado a cuatro años y tres meses de prisión efectiva por la distribución de videos de abuso sexual infantil.

Un juicio abreviado y una condena ejemplar

El juicio, presidido por el juez Jorge Fonseca, culminó este lunes con la sentencia de Ramos Vilchez, quien aceptó su culpabilidad en los delitos imputados, incluyendo la tenencia de 75 videos que distribuía a través de la red de mensajería Telegram. "Acepto mi responsabilidad y las consecuencias de mis actos", declaró Ramos Vilchez durante el juicio.

Ramos Vilchez, quien hasta ahora gozaba del beneficio de prisión domiciliaria, será trasladado a una cárcel para cumplir su condena. "La justicia ha actuado con firmeza y celeridad en este caso", afirmó el juez Fonseca al dictar la sentencia.

Un pasado político controvertido

El sanrafaelino había encabezado la lista de ediles del Partido Verde en 2023, bajo la conducción de Mario Vadillo. En las elecciones del año pasado, Ramos Vilchez ocupó el primer lugar de la nómina como candidato a concejal para el Honorable Concejo Deliberante (HCD). Sin embargo, su carrera política se vio empañada por su detención el 1 de agosto, en el marco de un megaoperativo que incluyó una docena de allanamientos en el barrio Constitución, la calle Gutemberg y Cuadro Nacional.

De La Cámpora al Partido Verde

En 2021, Ramos también militó para La Cámpora en su departamento, pero decidió cambiar de bando al no recibir el apoyo esperado. "Nadie me ofreció una tajada de torta, así que decidí militar en el Partido Verde", confesó Ramos en una entrevista previa a su detención.

Un megaoperativo y múltiples detenciones

La detención de Ramos Vilchez y otras 11 personas se produjo en un operativo que sacudió a la comunidad de San Rafael. "Este tipo de delitos no quedarán impunes", aseguró el comisario a cargo del operativo.

La condena de Gabriel Ramos Vilchez marca un precedente en la lucha contra la distribución de material de abuso sexual infantil y pone en evidencia la necesidad de una vigilancia constante y rigurosa en las redes sociales y plataformas de mensajería.