La cuestionada batuta judicial que dirige las elecciones

Cual desordenada y desafinada sinfónica, la política electoral mendocina se dirige a las PASO del 12 de septiembre y la elección propiamente dicha del 14 de noviembre. 

Para los analistas de la política de este Estado cuyano, lo que sucede aquí es delicado desde el punto de vista institucional, de la democracia y de los derechos de los ciudadanos a los que ampara la Constitución.

Sobre esto último se preguntan desde la mirada analítica, ¿quién da garantías de que los pasos electorales que se están dando en Mendoza son los que corresponden a resguardo del soberano electorado?

Un interrogante al que se adosan otros que no tienen asidero en la correcta interpretación que tiene la gente del proceder de todo funcionario, fundamentalmente si se trata de un juez.

Es extraño que un magistrado imputado en el mismo ámbito donde se desenvuelve tenga que dirimir lo correcto y lo incorrecto de los frentes o alianzas de los partidos que intervengan en la próxima elección de medio tiempo y todo el contenido de decisiones electorales que tome el ciudadano.

Pone un manto aun más de sospecha del ciudadano que debe elegir, que toda la dirigencia política mendocina no se haya reunido y peticionado al unísono a todos los organismos jurídicos del país para resolver el caso Mendoza, teniendo en cuenta la gravedad que envuelve al Juzgado Federal con competencia electoral.

Mucho más grave cuando solo se expiden algunos políticos recordando lo que allí ocurre en el momento en que sus intereses son trastocados por las primeras decisiones que se toman en esa jurisdicción.

Las presentaciones contra las colectoras que defiende el Frente de Todos y la precandidatura a la senaduría nacional del gobernador Rodolfo Suarez, con las posturas que tomó en primera instancia el juez Walter Bento, alerta aún más que el tema está en el centro de un lodo político y judicial.

Mucho más, cuando la Cámara Nacional Electoral obligó al magistrado a mirar el tema de fondo sobre la precandidatura de Suarez y no le quedó otra que dar luz verde a la misma porque, según se le indicó desde Buenos Aires, cumple con lo previsto por el Artículo 55 de la Carta Magna nacional.

Las decisiones en el ámbito federal electoral demuestran que hay una fuerte observación desde la Nación sobre lo que ocurre en Mendoza y es, quizá, el único reaseguro que pueda tener el electorado mendocino para que no ocurra algo raro que pueda torcer su voluntad en las urnas.

Una cuestión inédita para esa destacada institucionalidad que siempre brilló con excelencia ante los ojos jurídicos del país y como ejemplo democrático y republicano para el resto de la Argentina.

De todas maneras, y aún así, es todo un tema que debe resolverse, pero hay que ver hasta qué punto hay convicciones políticas para hacerlo.

Se sabe que hay mucha preocupación en todo el arco político, pero nadie saca los pies del plato para enfrentarlo con argumentos que sobran. Que sin embargo no se ponen en marcha, porque San Política electoral dicta esa fina y cuestionable especulación que abunda en el mar negro de la política, donde pocas y honrosas excepciones se destacan fuera de esa condición.

Es claro que el proceso electoral en marcha no se detendrá y mucho menos volverá a fojas cero.

Pero también queda claro que de ocurrir un escándalo, serán muchos los responsables con nombre y apellido. Donde nadie podrá mostrarse como "gallina encandilada", expresión que hizo oír por estos días un intendente que mira lo que está sucediendo.

Una jocosa referencia para los distraídos que especulan peligrosamente con todo lo que decida la batuta judicial que dirige las elecciones.