¿Son narcoestados los países latinoamericanos?
Los hechos en Ecuador ponen sobre el tapete el alcance inusitado de estas organizaciones. Debemos hacer un diagnóstico de lo que ocurre en la región y en nuestras ciudades
Los recientes actos de violencia direccionada en contra de instituciones públicas ecuatorianas por parte de organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas, trae nuevamente a la discusión la tendencia de expansión y dimensión de estos grupos en Latinoamérica.
¿Qué es un narcoestado?
Es importante aclarar que no existe consenso regente acerca de la definición sobre narcoestado, ni siquiera en los ámbitos de estudio académico. Y menos aún, de sus componentes conceptuales integrados: narcocriminalidad, narcoeconomía, sociedad narcolizada, gobierno de cárteles, etc.
El diccionario de Oxford define narcoestado como: “un estado cuyo gobierno, poder judicial y militar han sido infiltrados por cárteles de la droga, o donde el tráfico ilegal asociado está dirigido de manera encubierta por elementos gubernamentales”. Sin embargo, debe considerarse esta contextualización coloquial como una aproximación generalista que sirve como orientación del tema en cuestión, pero que tiene características de lectura entrelíneas bastantes complejas.
El uso del término definido por la universidad británica no es reciente. Se remonta a la década de 1980 con la aparición en Colombia de organizaciones estructuradas en su jerarquía, capaces de proyectarse transnacionalmente y con sostén financiero amplio: los cárteles de Cali, del Norte del Valle, de la Costa y el de Medellín.
El legado de Pablo Escobar
El último de la lista fue la principal organización delictiva del país cafetero por casi 25 años, con renombre mundial por la figura de Pablo Escobar Gaviria. Originado en 1970, el grupo tuvo el control y la distribución de los envíos de cocaína rumbo a Estados Unidos y otras naciones de alto consumo. Se calcula que el cártel de Medellín manejó cerca del 95% del mercado de los alcaloides en el Estado sudamericano.
Llegó a ser una de las estructuras criminales más poderosas entre las décadas del 70` y 80`, extendiendo una amplísima red de tráfico de influencias, corrompiendo sectores de la justicia y política estadual en favor del aumento de su poder sobre los órganos de gobierno.
Tras la muerte de Escobar en 1993, la agrupación ilícita perdió su relevancia y muchos consideran que fue el fin de los grandes cárteles del país sudamericano. Sin embargo, un sinfín de organizaciones fuera de la ley tomaron como modelo conductual la arquitectura del caudillo medellinense para la construcción financiera, distribución de alcaloides, laboratorios de procesamiento, intimidación en las esferas político-judiciales, asesinatos selectivos, chantaje y compra de voluntades.
Pese a lo dicho, muchos estrategas del hampa moderno saben que el gran error de “Pablo” fue su exposición, soberbia y el hecho de delinquir públicamente (mediante amenazas), lo que llamó la atención y respuesta en su contra de fuerzas más poderosas que su propia impronta. Al día de hoy, sus herederos connacionales, brasileros, ecuatorianos, bolivianos, venezolanos, armenios, afganos, rusos, japoneses (y la lista podría seguir), volvieron un "arte" el ejercicio incógnito de estas “empresas”.
Un punto y aparte merecen las agrupaciones de México y El Salvador por el alto nivel de impunidad y violencia explícita en sus filas. Tienen tanto poder y control que ya no les hace falta estar en el anonimato.
Las fases de la narcoestadualidad
En un análisis muy llamativo publicado por David Jordan titulado: “El islam y los narcoestados de Asia central y occidental: el nexo entre la corrupción, los sistemas gubernamentales y el tráfico de drogas por parte de grupos extremistas”, establece cinco categorías de niveles de infiltración narcocriminal en las estructuras de gobernanza y seguridad:
- Incipiente
- En desarrollo
- Serio
- Crítico
- Avanzado
La fase incipiente explica sobre la ejecución de sobornos específicos en puntos residenciales puntuales (esquinas o locales de venta), a funcionarios locales de bajo nivel (inspectores civiles, policías, líderes de uniones vecinales).
La siguiente fase, en desarrollo, contempla la connivencia de miembros de estructuras medias del gobierno para favorecer el consumo o perjudicar los controles y las acciones punitivas. Un claro ejemplo es la desprotección en materia de seguridad de barrios o zonas urbanas marginales, lo que provoca el afincamiento de puntos de distribución y venta de drogas sin intervención de los representantes comunales ni la fuerza pública. Las condenas para los traficantes son muy moderadas, lo que favorece la práctica de “puerta giratoria” y la reincidencia.
El tercer escalonamiento es la fase seria, que contempla una estrategia de sobornos masivos y compra de voluntades de funcionarios públicos, corrupción de jefes policiales y jueces regionales. Se provoca una propagación sobre gran parte de los órganos estaduales locales intervinientes, anulando cualquier chance eficaz de repeler el flagelo narcótico. ¿Podríamos considerar lo que ocurre en la ciudad de Rosario y otras partes de Argentina como indicadores de este nivel?¿Será el caso de Guayaquil en Ecuador?
La fase crítica contempla corrupción en las más altas esferas a nivel de funcionarios nacionales con categoría de ministros o secretarios de la administración federal, incluyendo fuerzas armadas. Las prácticas extorsivas empiezan a manifestarse abiertamente y apuntan a líderes religiosos, sociales y medios de prensa que traten de exponer a estos grupos delictivos. El sistema jurídico-político ampara a los criminales y protege sus recursos. ¿Será la actualidad de Venezuela?
La instancia final o fase avanzada señala un dominio del narcocrimen organizado en la política de estado. Tienen influencia en las decisiones de gobierno y se vinculan con temas de interés nacional que exceden el mercado de alcaloides. Intervienen en el presupuesto de ayuda social, salud, industria, exportaciones, servicios de transporte, entre otros. Los cárteles se corporativizan y si algún funcionario o líder de la sociedad no puede corromperse, optan por el asesinato o intimidación para que abandonen el país o se llamen a silencio.
Se financian campañas de elecciones, seleccionan candidatos y llegan hasta la instancia de influir en el poder presidencial y su gabinete. El narcotráfico en este punto colonizó hasta los valores de la sociedad, entiéndase: la población acepta la actividad y forma de vida de la organización criminal como una práctica y hábito dentro de la normalidad. Las favelas de Brasil son un claro ejemplo de esto. ¿Podríamos incluir a México y El Salvador en esta categoría?
La cara privada
Así mismo, es indispensable no dejar de lado a las instituciones, empresarios y corporaciones del sector privado. En sus manos está gran parte del poder económico-financiero de una nación, lo que los transforma en un “lobby” con gran capacidad para coaccionar a los jefes de gobierno nacionales y locales. Por lo tanto, tienen un rol activo para ser contrapeso de las organizaciones delictivas en cuestión; una especie de disputa entre fuerzas “lícitas-ilícitas” por el destino del sistema público y sus instrumentos de salvaguarda social frente a la ofensiva de las drogas.
Pese a esto, muchas veces el escenario privado se erige como cómplice de los narcotraficantes. Firmas inmobiliarias o entidades bancarias, por dar dos ejemplos típicos, son seducidas por las jugosas ganancias del narcotráfico.
“Narcocriminales legales”
En contrapartida, los “capos narcos” mezclan su rubro con inversiones “legítimas”, que les permite enmascarar el negocio delictivo pero también, asociarse con actividades de impronta prestigiosa. Es así que muchos jefes del hampa pasan de ser escorias sociales a ciudadanos emprendedores y con credibilidad probada. Realizan actividades de beneficencia a través de la manutención de hogares para niños, construyen hospitales y establecen asociaciones de fomento barrial.
En consecuencia, el negocio primario como cártel se ve escondido bajo una intrincada maraña de legalidad.
La acción internacional
Estados con órganos e instituciones poco sólidas deben ser apoyados por la comunidad mundial. Es menester de los organismos internacionales y de los Foros de alto nivel articular políticas de asistencia y contención orientadas al fortalecimiento de los funcionarios públicos y las herramientas de prevención, represión y no reincidencia ante el delito de tráfico de drogas.
El fallido “Plan Colombia” firmado entre el gobierno del país sudamericano y EE.UU. podría ser un modelo a rectificar. Si bien, colaboró para pacificar la nación cafetera y fortalecer sus instituciones, poco logró en detener el flujo de alcaloides desde las granjas de producción a las calles de las grandes ciudades norteamericanas.
Mirada espejo
Los recientes hechos acaecidos en Ecuador, teniendo como epicentro Guayaquil, deben hacer de “efecto espejo”, que nos ponga en alerta activa sobre el avance del imperio de la marginalidad narcótica y sus hacedores.
Para finalizar, ¿Qué tan lejos están los países latinoamericanos de transformarse en narcoestados? ¿Qué ocurre con Argentina ante el diagnóstico y argumentos esbozados a lo largo de esta nota?
Cada cual saque sus conclusiones pero antes, levántese de tu silla y observe por la ventana de tu hogar que ocurre en el trajín diario de su calle, de su cuadra, de su barrio, de su ciudad…ya está al corriente.