El Gobierno creó la Oficina General de Sumarios

Desde hace tiempo, la cantidad de empleados públicos sumariados en la provincia arroja números muy llamativos por su magnitud, y ciertamente se registraron casos que son, por lo menos, muy curiosos, como las 300 inasistencias anuales o el desconocido que cobraba un sueldo en el área de energía. 

El gobierno de Mendoza decidió recientemente crear la Oficina General de Sumarios, cuya función y utilidad es lograr agilidad y transparencia, en un terreno que siempre es polémico, según explicó el subsecretario de Gestión Pública y Modernización del Estado, Ulpiano Suárez.

Según se informó, en la actualidad hay alrededor de 900 sumarios en ejecución, pero no solo es destacada la cantidad, sino que también trascendió que, por ejemplo, un tercio de ellos vienen desde la época en que gobernaba la provincia Celso Jaque, es decir, procesos que ya llevan al menos ocho años en sustanciación, sin haber sido resueltos. Otro tercio vienen desde los tiempos de Francisco Pérez.

A partir de la nueva oficina, las conclusiones de los sumarios serán elevadas a una junta de disciplina integrada tanto por representantes del personal como del gobierno, que dará su veredicto para que luego resuelvan los ministros o secretarios correspondientes, pero garantizando el derecho de defensa del sumariado. Las sanciones, que van del apercibimiento a la cesantía, pasando por la suspensión, se afirma que serán acordes a la gravedad de la falta o incumplimiento por el que se haya llevado adelante el sumario.

La oficina, en concreto, ha comenzado a funcionar ayer, con un plantel de seis abogados, y se ajusta a lo aprobado en octubre del 2018 en la Legislatura, a través de la 9103 de Régimen Disciplinario. Estos abogados serán los encargados de investigar las denuncias, y está claro que esto aplica específicamente al Poder Ejecutivo provincial.

Ulpiano Suárez, en sus declaraciones a la prensa, puntualizó: “Lo que buscamos de esta manera y con la tramitación del expediente electrónico es agilizar los procesos. Nos encontramos con una cantidad de sumarios que promediaban los cinco años de demora en la resolución."

"Hay distintos tipos de incumplimientos o faltas que según la gravedad pueden ser sancionados con un apercibimiento en un caso menor, una suspensión o después tenemos la cesantía o exoneración que es la salida del empleado público de la planta del Estado”. Otra de las consideraciones que se dejaron en claro es que aplica explícitamente al personal de planta permanente.