Proponen un proyecto de ley para que la educación sea un servicio esencial

Alejandro Finocchiaro y Cristian Ritondo, diputados de Juntos por el Cambio, están trabajando en un proyecto de ley para que la educación sea considerada un servicio estratégico esencial como son los hospitales.

Finocchiaro contó en el programa Metaverso que la idea surgió luego de ver que “el sistema educativo que nos formó viene en franca caída y apostamos a revertirlo con una educación de calidad que tiene que empezar con la formación de los docentes, con cambios en los institutos de formación docente y con empezar a aceptar la realidad”.

Para el diputado los chicos tienen que estar en las aulas, pero comentó que “desde 1983 a la fecha, Argentina perdió 1.097 días de clases por paro de docentes, lo que equivale a 6 ciclos lectivos y 17 días”.

Esta situación se complica con el atraso en infraestructura educativa: “Argentina tiene por lo menos un atraso de 30 años en inversión en infraestructura educativa, cosa que no se va a revertir en un solo gobierno, sino por lo menos entre 8 y 10 años y con inversión continua”, dijo Finocchiaro

Para revertir este complejo escenario, Finocchiaro sugirió durante la entrevista con los periodistas Gabriel Landart y Rebeca Miranda “dejar de pagar a la piquetera y arreglar escuelas, es cuestión de prioridades, dejaría de comprar televisores para que los presos vean el mundial”.

De esta forma, el proyecto de educación esencial propone que “si hay alguna contingencia natural muy extensa, ese día se recupera en el receso de invierno o en diciembre, si hay un paro docente entonces tiene que haber una guardia mínima de directivos, docentes y no docentes que abran la escuela y se dicten las clases”. 

Así, insisten en garantizar una prestación de servicios mínimos para evitar la interrupción en caso de paros y también garantizar el calendario escolar de manera presencial.

Recorte presupuestario

El ministro de Economía Sergio Massa junto con el Jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manzur, firmó su primera Decisión Administrativa, que dispone el recorte neto del gasto de la Administración Central en lo que resta del año.

Dicha decisión dispuso reducir los gastos en 6 Ministerios por un total de $210.000 millones y ampliar la asistencia a la Tesorería en $82.000 millones.

Los mayores recortes recaen inicialmente sobre el Ministerio de Desarrollo Productivo, para el financiamiento de la producción;en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, para Planificación; en el Ministerio de Educación para Conectar Igualdad; en el Ministerio de Obras Públicas para Recursos Hídricos; en el Ministerio de Transporte, para Coordinación de Políticas de Transporte Fluvial y Marítimo y en el Ministerio de Salud para la Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles.

Una de las áreas más sensibles es educación y Alejandro Finocchiaro, opinó que el recorte significa “muchísimo dinero porque la mayor parte del presupuesto del Ministerio de Educación es lo que se destina a pagar salarios y gastos de universidades”, concluyó.