Proponen cárcel para quienes manejen planes sociales y extorsionen a beneficiarios

Los planes sociales siguen generando polémica en el país, por eso la Coalición Cívica presentó este lunes un proyecto que propone cárcel efectiva para quienes manejen planes sociales y extorsionen a beneficiarios, tomando como principal ejemplo al Polo Obrero ue tiene asignados 200 mil planes, lo que significa que es el PO el que los registra y no el necesitado.

Para tener más detalles al respecto Marcela Campagnoli, diputada nacional por la Coalición Cívica, habló en el programa Metaverso y explicó que es un proyecto de la diputada Mariana Stelman basado en 5 mil denuncias por amenazas e intimidación, debido a que según testimonios recabados por la misma diputada “gente que tiene planes sociales dicen que, si no van a las marchas, le sacan 2 mil pesos y si ponen a alguien para que los reemplace les descuentan mil”, comentó.

En la entrevista con los periodistas Gabriel Landart y Rebeca Miranda, Campagnoli hizo hincapié en que se busca que “no se vulneren los derechos de los más vulnerables” porque “aprovecharse de la necesidad de alguien no corresponde”. 

Con respecto a las denuncias efectuadas, Campagnoli comentó que normalmente “los jueces hacen una apreciación errónea por lo que no está debidamente tipificado el delito de extorsión en cuanto a la vulnerabilidad de alguien”

A pesar de todo, la diputada ve difícil la posibilidad de que avance el proyecto, porque la agenda legislativa la marca el Ejecutivo y “el Ejecutivo está preocupado por la agenda de la impunidad, no por la agenda de los problemas que tiene la gente”. 

El documento propone modificar el segundo párrafo del artículo 149 bis del Código para que quede establecido prisión o reclusión de dos a cuatro años el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad. Si para obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad, se hiciere uso de amenazas de quitar, eliminar, suspender o limitar un subsidio, asignación o prestación social, la pena será de prisión o reclusión de cuatro a seis años”.

En el caso de que quienes utilicen esto de manera coercitiva y sean funcionarios públicos, la norma establecería “inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena si el hecho lo cometiere un funcionario público que abusare de sus funciones”.

El proyecto de ley también busca modificar el artículo 168 del Código Penal y pide cambiarlo por uno que diga que será reprimido “con reclusión o prisión de cinco a diez años, el que con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos”.