Cómo es el proyecto peronista para un Salario Básico Universal

Graciela Landriscini, diputada nacional del Frente de Todos y vicepresidenta de la Comisión de Economía en Diputados, es una de las legisladoras que respalda el proyecto de Salario Básico Universal y por tal motivo habló en el programa Metaverso sobre los detalles del SBU.

La iniciativa busca generar una continuidad de ingresos y garantizar la reducción de situaciones de precariedad porque hay que “pensar en un ingreso mínimo base para hombres y mujeres, sobre todo de 18 a 64 años que representan en Argentina un número cercano a los 10 millones de habitantes”, argumentó.

Las diferentes crisis que ha atravesado el país “que se profundizaron en los tiempos macristas y en la pandemia y ahora en la guerra”, Argentina muestra un agravamiento entre la brecha del mercado laboral primario y el secundario, es decir, trabajadores informales, eventuales, discontinuos, precarios lo que, para la diputada, “pone en riesgo los derechos ciudadanos básicos de alimento, abrigo, salud y educación formal”.

Con este Salario Básico Universal monotributistas sociales, desocupados, trabajadores informales, de casas particulares, y discontinuos tendrán un ingreso mínimo de 12.108 pesos a febrero del 2022 y los monotributistas de categorías y asalariados registrados que no llegan al límite de ingresos del monotributista de categoría A podrán tener una asignación de SBU al 50%.

La idea también contempla a quienes tienen Progresar, Tarjeta Alimentar o planes Potenciar Trabajo para ir reduciendo o eliminando los planes hasta dejar el Salario Universal Básico “que tendrá como contraprestación la continuidad de los estudios de las personas de más de 18 años que están en el sistema educativo, la realización de talleres de orientación laboral y taller socio comunitarias para quienes buscan insertarse laboralmente de manera más sustentable y segura” comentó la congresista en diálogo con los periodistas Gabriel Landart y Rebeca Miranda.

Si bien el país atraviesa una condición compleja, la diputada explicó que la situación es igual para el estado en sus cuentas públicas, por lo que una parte del proyecto se financiaría con un ahorro respecto a los otros programas que están implementados y son discontinuos, “lo que representaría un total cercano a los 900 mil millones de pesos pero como ahorraría unos 500 mil millones de pesos en los programas que se darían de baja, el costo fiscal neto sería de alrededor de 415 mil millones de pesos”. 

Para ser más específicos, Landriscini argumentó que eso valores representan un costo del producto bruto de alrededor de 0,9% o 1% “porque el costo actual de los programas actuales representa 1,3% del PBI” que se financiaría en parte con lo que se obtendría del ahorro de subsidios de las tarifas de luz y gas en la mayor categoría de ingresos y con alguna modificación en el Impuesto a las Ganancias.

Con la ilusión de que el proyecto sea discutido en la cámara de Diputados, Landriscini comentó: “espero que ingrese a la Comisión de Economía, entrará a la comisión de Presupuesto con seguridad, que también integro, y también a la Comisión de Acción Social”.