Semana de definiciones críticas para el equilibrio institucional

Todos los caminos del Poder Judicial mendocino se dirigen a saber qué sucederá el próximo jueves 30, en donde se concretará la audiencia pública virtual convocada por la Sala II que preside el ministro Omar Palermo. Como se sabe, en dicho cónclave se tratará de dilucidar si la ministra Teresa Day estuvo encuadrada en lo que indica el Artículo 152 de la Constitución de la provincia para ser integrante de la Corte, procedimiento que está siendo intensamente bombardeado por el oficialismo y asesores jurídicos del mismo, que indican que no es correcto porque contradice acordadas de la misma Corte en cuanto a los tiempos de convocatoria. Pero tampoco, dicen abogados y legisladores de signo radical, que el procedimiento no se ajusta a lo que dictamina la propia Constitución.

En la semana se verán incrementados los movimientos, por lo que hay que esperar de todo, de uno y de otro lado, aunque los que preceden a estos días son cartas muy fuertes que se han desplegado en todos los ámbitos de los tres poderes del Estado provincial, llegando al terreno de lesionar el prestigioso espacio institucional que tiene Mendoza ante los ojos del país.

Ponen en tela de juicio la presidencia que ocupa Dalmiro Garay

Abogados y legisladores de Protectora Fuerza Política (Línea Fundadora), emitieron un comunicado tras una presentación que hicieron el diputado Mario Vadillo y el senador Marcelo Romano. Desde ese espacio, que acompañó activamente la movida opositora en contra del nombramiento y asunción de Teresa Day, “interpusieron acción de inconstitucionalidad, contra la Acordada 29.552 de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, por la cual se designó como presidente del alto tribunal, al doctor Dalmiro Garay Cueli”.

Según indicaron, “la Acordada 29.552, cuenta con la firma de María Teresa Day, precisamente quien su cargo en la Corte no está firme, debido y como es de público conocimiento, hay acciones en contra de su designación”.

Más adelante y refiriéndose a quienes firmaron dicha acordada, señalaron: “Al momento de suscribir la acordada mencionada, de los seis restantes magistrados, sólo fue rubricada por tres, Dalmiro Garay, Pedro Llorente y José Valerio, no estampando su firma Omar Palermo, Mario Adaro y Julio Gómez. Tampoco justificando los firmantes la ausencia de éstos últimos jueces”. Para PFP esto tiene enorme gravedad institucional, porque viola la Constitución de la provincia.

Inmensa preocupación de todos los magistrados de Mendoza

El terreno de ebullición de los tres poderes del Estado provincial ha puesto con mucha preocupación a diferentes instituciones que hacen a la vida de este estado provincial cuyano.

Uno de esos organismos es la Asociación de Magistrados que ha salido a manifestar su parecer expresando claramente en un comunicado que: “Ante los recientes acontecimientos de público y notorio conocimiento, vinculados al procedimiento constitucional para la conformación de nuestra Suprema Corte de Justicia, la Asociación de Magistrados de Mendoza ve con profunda preocupación la grave situación institucional generada en torno a tal cuestión fundamental en la vida republicana y democrática de nuestra provincia”.

Más adelante la institución deja claro: “Cabe resaltar que en un Estado constitucional y democrático de derecho, la independencia judicial no tiene por objeto posicionar a los jueces en situaciones de privilegio, sino la de garantizar a las mendocinas y mendocinos los derechos de los que son titulares”.

Al respecto, El Ciudadano mantuvo breve diálogo con el vicepresidente de la Asociación de Magistrados, Diego Lusverti, quien en nombre de la institución y sobre su pronunciamiento aclaró: “La delicada situación institucional de la provincia surge de los recíprocos cuestionamientos que se han presentado en la esfera de los tres poderes que conforman el Estado provincial”.

Al consultarle si la Asociación de Magistrados ve ruptura de la división de poderes de la provincia, respondió: “No, no vemos desde la Asociación que exista un ruptura, afectación o quebrantamiento a la división de poderes. Creo que todos los recursos o mecanismos institucionales que se han recurrido son los que están previstos por la normativa constitucional. Más allá de los entredichos entre miembros de poderes del estado, que no implica quebrantamiento en la división de poderes”.

No se debe permitir la partidización del Poder Judicial

También se obtuvo respuestas de la diputada provincial Mercedes Llano (PD). La legisladora se tomó del comunicado de la entidad que nuclea a los magistrados mendocinos y dijo: “Compartimos la preocupación expresada por la Asociación de Magistrados. Entendemos que el Poder Judicial está atravesado por dos lógicas contrapuestas, una que tradicionalmente ha contribuido a su conformación con autonomía y de profesionalismo. Otra, que ha irrumpido con gran fuerza en los últimos años en la provincia, la lógica de la partidización. Por eso entendemos que la independencia del Poder Judicial es un valor central de nuestra democracia republicana, algo que hizo y hace que nuestro partido tome posturas muy claras en ese sentido”.

Para la diputada demócrata: “La situación del entramado institucional, democrático y republicano de nuestra provincia está atravesando una situación muy delicada. Esos puntos que hacen al prestigio que Mendoza se ha ganado en el país, están atravesando un proceso de erosión y debilitamiento. La razón fundamental apunta al Poder Ejecutivo que va concentrando cada vez más facultades y avanzando sobre los otros poderes, en especial el judicial, prácticas que recienten el equilibrio necesario que tiene que garantizar todo sistema republicano de poder con su división de poderes”.

Finalmente, Llano expresó: “El Partido Demócrata ha cuidado desde siempre la calidad y el equilibrio de los poderes del estado de Mendoza. Podemos citar a modo de ejemplo la reacción clave que tuvo nuestro legislador Marcos Niven, cuando a través de su voto negativo evitó la ampliación del tamaño de la Suprema Corte de Justicia y con ello la conformación de un Tribunal adicto. Por otro lado, estamos impulsando una enmienda constitucional, dirigida a establecer una mayoría calificada para la elección de los miembros de la Suprema Corte. El objetivo es garantizar amplios consensos con relación a los futuros ocupantes y de ese modo asegurar que los miembros sean personas independientes, de reconocida trayectoria y altamente capacitados para el importante lugar a ocupar”.