Consideran que el proyecto para comprar vacunas es “una gran estafa”
El exlegislador Juan Fernando Armagnague cuestionó la aprobación en Diputados de una norma que haría que los ciudadanos queden desamparados legalmente si una eventual vacuna contra el coronavirus resultara nociva
En la última sesión de la Cámara de Diputados de nuestro país, se dio media sanción a un proyecto de ley, poco difundido en la comunidad argentina, quizá por el nocivo contenido jurídico que encierra el mismo.
Se trata de una ley que otorga facultades al Poder Ejecutivo nacional para adquirir una vacuna contra el coronavirus, donde se deja expresamente que en todo contrato a que se arribe con los laboratorios, estos quedarían cubiertos de cualquier litigiosidad en el país.
Tal cual lo dicho, este paso no fue muy difundido, pero constituye un instrumento jurídico estaría dejando a la gente sin protección legal ante cualquier falla de la vacuna. Más alarmante aún es que cualquier habitante de este país no tendría a quién demandar, porque el Estado nacional también estaría cubierto, dado que la cuestionada ley no le da esa responsabilidad o porque el nuevo Código Civil no lo permitiría.
El panorama jurídico para el ciudadano alrededor de este asunto se termina de complejizar con la obligatoriedad de inocularse la vacuna que tendrían los 45 millones que habitamos el país. Porque la misma estaría amparada en otra ley que fue ampliada en el año 2018 durante la administración de Mauricio Macri.
La ley 22.909, que rige desde 1983, otorga obligatoriedad no solo sobre la población infantil, sino entre los adultos, por lo que la mentada vacuna contra el COVID-19 tendría ese encuadre en todo el territorio de la nación.
De acuerdo con muchos juristas, la media sanción que votaron los diputados oficialistas y de la oposición con 230 votos, pondría a la gente como rehenes obligados de aplicarse una vacuna que, si no resulta efectiva o tiene efectos nocivos, no existiría herramienta legal alguna para demandar a nadie en todo el territorio argentino.
Una ley que no da derechos ni observa obligaciones
Uno de esos hombres del derecho que observó la media sanción de diputados con mucha preocupación, es el abogado mendocino Juan Fernando Armagnague, a quien entrevistó El Ciudadano.
—¿Qué contiene la media sanción que votó la Cámara de Diputados de la Nación?
—Se establecería una exención de responsabilidad o una falta de responsabilidad para el laboratorio que la haya producido y se haría cargo el Estado nacional. Creo que si esto es así, sería una gran estafa por parte de la Nación para todos los habitantes, porque cuando alguien quiera demandar al Estado por los efectos nocivos directos o indirectos que llegase a tener la vacuna, no va a poder presentar demanda contra los laboratorios.
—Entonces se demandaría al Estado nacional…
—No, porque de acuerdo con el Código Civil no tendría responsabilidad el Estado nacional. Entonces, de ser así, esto que habría sido aprobado por amplia mayoría, es inaceptable en legisladores que deberían haber estudiado el proyecto de ley con mayor profundidad.
“Es una vergüenza que hayan aprobado tamaña sanción sin tener en cuenta que uno tiene el derecho a disponer de su propio cuerpo”, opinó Armagnague, quien fuera diputado provincial y nacional nacional.
—El ciudadano, ¿tiene derechos?
—Sí, por supuesto, porque si quiero me pongo la vacuna contra el coronavirus, si no, no me la pongo. Más aún, si me obligan a ponérmela y resulta que el laboratorio no se hace cargo y el Estado nacional por ley, tampoco tiene responsabilidad, estamos ante una gran estafa.
Oficialismo y oposición, juntos en un “dudoso” instrumento jurídico
—La ley tuvo amplia mayoría para ser aprobada…
—La gran sorpresa es la oposición, que votó en la Cámara juntamente con el oficialismo, por lo que me llama la atención que nadie se haya dado cuenta de esta tamaña barbaridad.
“Porque, reitero, uno tiene el derecho a disponer de su propio cuerpo con el principio de intimidad de la Constitución Nacional plasmado en el artículo 19. Además, tienen los tratados internacionales sobre derechos humanos, por lo que no se puede alegremente obligar a todas las personas a ponerse una vacuna. Máxime cuando todavía el éxito de la esperada vacuna, según los biólogos más destacados, se tendría recién en dos años. Por eso me parece un despropósito que se haya sancionado esta ley con el asentimiento expresó de la oposición, que nos deja en la indefensión más absoluta”, agregó Armagnague.
—¿Qué debería hacer el ciudadano común entonces?
—Algo muy sencillo: no ponerse la vacuna hasta que no existan estudios fehacientes, científicos y con alguna responsabilidad. Y si se la aplica y resulta perjudicial, que tenga la posibilidad de plantear la inconstitucionalidad de esta ley.
—Pareciera que esa ley es un derecho conculcado…
—¡Claro! Fíjese que el laboratorio con esta ley queda eximido de responsabilidad y por el nuevo Código Civil también el Estado nacional, sin contar que la ley no le otorga responsabilidad. Es decir que a las personas les queda recurrir a los estados municipales o de provincias y allí, le van a responder con lógica, “nosotros no votamos, ni firmamos nada”. Le van a sugerir que demanden al Estado nacional, pero no lo pueden hacer por lo ya señalado. Por lo que le repito, estamos ante una gran estafa cometida por la Cámara de Diputados de la Nación.