Giro dramático en la causa COVID: la justicia va tras Alberto Fernández por un presunto retraso en las vacunas

La justicia federal dispuso un giro determinante en la causa que investiga la gestión de la pandemia en Argentina al reactivar las indagatorias contra el expresidente Alberto Fernández y la exministra de Salud, Carla Vizzotti. Según informó José Urrutia en Sin Verso, tras una serie de idas y vueltas judiciales, la Cámara Federal y el fiscal Carlos Stornelli avanzan de forma directa sobre la cúpula del anterior Poder Ejecutivo para esclarecer las decisiones tomadas durante la peor etapa de la emergencia sanitaria, un proceso que pone bajo la lupa si existieron motivaciones políticas o económicas espurias detrás de la elección de los proveedores médicos.

El impacto de la geopolítica en la campaña de vacunación

La hipótesis criminal de la investigación, informó Urrutia, plantea que el Estado dispensó un trato desigual y de preferencia hacia laboratorios específicos, como el Instituto Gamaleya de Rusia, desarrollador de la vacuna Sputnik V. En contrapartida, la justicia evalúa si las exigencias normativas impuestas en el Congreso —como el conflicto por la inclusión de la palabra negligencia en los contratos— fueron una pantalla deliberada para desestimar la oferta de las vacunas Pfizer, las cuales contaban con disponibilidad inmediata y una producción masiva.

Los denunciantes y las asociaciones de familiares de víctimas sostienen una acusación devastadora: la demora de casi un año en sellar acuerdos no se debió a una simple impericia burocrática, sino a un retraso exprofeso supeditado a la geopolítica oficialista. Se estima que el ingreso temprano de millones de dosis de alta eficacia habría modificado la curva de contagios, lo que significa que miles de muertes pudieron haberse evitado. Al firmar los decretos que regularon el confinamiento y el acceso a los recursos, la responsabilidad de Fernández es tanto institucional como penal.