Eutanasia rioplatense: Uruguay, pionero en América Latina, sanciona la Ley de Muerte Digna

Tras una extensa sesión, el Senado de Uruguay, con mayoría del Frente Amplio, dio un paso revolucionario al aprobar la Ley de Muerte Digna, al cierre de este día miércoles, legalizando la eutanasia. 

Uruguay se suma así a países como Canadá, Países Bajos, Nueva Zelanda y España, que ya cuentan con normativas de similares características, convirtiéndose, además, en el primero de la región latinoamericana en establecer un marco legal integral para la muerte asistida. 

El proyecto ya había tenido su aprobación previa, en agosto pasado, en la Cámara de Diputados, con 64 votos a favor y 29 en contra. En este sentido, el legislador Luis Enrique Gallo destacó el avance social y parlamentario, explicando que "cada uno tiene el mismo derecho a elegir su muerte que elegir su vida".

Requisitos y garantías en su aplicación

La ley establece requisitos claros para la solicitud de eutanasia. La misma debe ser realizada por un ciudadano uruguayo adulto o residente, que se encuentre en etapa terminal de una enfermedad incurable y que padezca dolores insoportables e indignos. 

El procedimiento contempla ocho etapas, que aseguran la plena consciencia de criterio del solicitante, incluyendo evaluaciones médicas independientes y entrevistas para ratificar la voluntad y estado mental del paciente, resaltando que existe la posibilidad de retractarse en cualquier momento. Además, la normativa respeta la objeción de conciencia de médicos y del equipo asistencial, asegurando que la institución a cargo de los cuidados paliativos garantice siempre la prestación del servicio, fijado por ley, mediante profesionales suplentes.

Por su parte, el senador Daniel Borbonet, defensor del proyecto en la cámara alta, subrayó la naturaleza no coercitiva de la norma, afirmando que la ley "no obliga a nadie, sino que ofrece una alternativa que hoy no existía". Asimismo, definió la aprobación como una "conquista de un derecho humano".

En palabras de Borbonet, la ley regula y garantiza "el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir, en las circunstancias que ellas determinen", buscando, sostiene, a su vez, el texto final: "ofrecer un final de vida indoloro, apacible y respetuoso para quienes cumplan los requisitos establecidos".