Radiografía de la prostitución en España: el 51% de las mujeres son latinoamericanas

En un estudio revelador e inédito realizado el Instituto Nacional de Estadística (INE), España ha ofrecido por primera vez un análisis detallado de la prostitución en el país, arrojando luz sobre una realidad que, aunque visible en sus calles y medios de comunicación, ha permanecido en las sombras en términos de cifras oficiales.

La conclusión más impactante del informe es que un alto porcentaje de las personas que ejercen la prostitución en territorio español provienen de Sudamérica, un dato que muestra a las claras cómo influyen los factores socioeconómicos y estructurales que impulsan esta migración.

En España hay 114.576 mujeres ejerciendo la prostitución, de acuerdo a los datos oficiales. La gran mayoría de ellas son víctimas de bandas dedicadas a la trata de personas.

El trabajo se difundió en el Día Internacional contra la Exploración Sexual y la Trata de Personas, el pasado 23 de septiembre.

Las duras cifras del informe

El trabajo encargado por el Ministerio de Igualdad se basa en el análisis de 645.000 anuncios web que publicitan servicios de prostitución o citas, lo que permitiría detectar al menos el 75% de la prostitución real.

Al trabajo de expertos se aplicaron nuevas técnicas utilizando la Inteligencia Artificial, el big data y el cruce de datos, lo que permitió tener un panorama amplio.

Según este trabajo, la mayoría de las mujeres que ofrecen sus servicios sexuales en internet tienen entre 25 y 36 años (32%) y entre 18 y 24 (28%). Aunque, hay que aclarar que en un tercio de los anuncios no se indica la edad, como tampoco la nacionalidad.

Las que sí lo indican son mayoritariamente latinas (51%) y europeas (16%), que ejercen el oficio en Cataluña, con 34.754 personas; Madrid, con 20.549 personas, y Valencia, con 16.314 personas.

La gran mayoría son originarias de América Latina, con una notable presencia de mujeres de Colombia, Venezuela, Brasil y República Dominicana.

Migración y red de trata

El fenómeno de la prostitución está profundamente ligado a la migración y al contexto de crisis económica que afecta a muchos países de la región latinoamericana.

El INE y otros organismos no gubernamentales han puesto en cifras lo que muchos expertos en derechos humanos ya venían denunciando: la vulnerabilidad de las mujeres migrantes latinoamericanas al caer en redes de explotación sexual en Europa.

Aunque muchas mujeres afirman dedicarse a la prostitución de manera "voluntaria", el estudio sugiere que un número considerable de ellas ha sido víctima de trata.

A través de un complejo entramado de redes criminales, muchas de estas mujeres llegan a España engañadas con promesas de trabajos dignos y oportunidades, solo para ser captadas y forzadas a ejercer la prostitución.

El estudio señala que el negocio de la prostitución en España tiene unos pocos "dueños" explotando a muchas mujeres. De hecho, se ha comprobado que 363 mujeres tenían el mismo número de teléfono. "Muchos números de teléfono están asociados a más de un centenar mujeres", según indicó la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

Entre la legalización y la abolición

El debate sobre la legalización o la abolición (prohibición lisa y llana) de la prostitución sigue vigente en España, con propuestas variadas de acuerdo a las tendencias políticas.

Mientras algunos sectores abogan por la regulación de la prostitución como una forma de proteger a las trabajadoras sexuales, otorgándoles derechos laborales y acceso a la seguridad social, otros defienden la abolición, argumentando que la prostitución es inherentemente violenta y degrada a las mujeres.

El Gobierno de España, en particular la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha dado pasos hacia una política más abolicionista.

En el 2022, Montero anunció una nueva ley contra la trata y la prostitución, que busca penalizar a los proxenetas y a los clientes de los servicios sexuales, a la vez que ofrece apoyo a las mujeres que deseen abandonar la prostitución.

Sin embargo, esta ley ha generado polémica y ha sido criticada por algunas organizaciones de trabajadoras sexuales, que argumentan que la prohibición total podría empujar aún más a las mujeres a la clandestinidad y a condiciones de mayor explotación.

Con información de La Mañana de Neuquén