Perú: fiscalía investigará a Boluarte por acusación de genocidio

La Fiscalía General de Perú abrió un expediente caratulado como investigación preliminar en contra de la presidenta Dina Boluarte, tres de sus actuales ministros y dos ex jefes ministeriales. El motivo de la acción jurídica es por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, en función de los 47 fallecidos y cientos de heridos acaecidos en las manifestaciones de las últimas semanas en la nación limeña.

Motivo y alcance de la investigación

La causa penal tiene como escenario "el proceder irregular de las fuerzas de seguridad, durante las manifestaciones en los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho", precisó el Ministerio Público.

El delito de genocidio, según la justicia peruana, es castigado con una pena de cárcel no menor a 20 años por cometer una matanza de miembros de un grupo, lesiones graves a los mismos o el sometimiento de un colectivo humano a condiciones de existencia que arrastren su destrucción física de manera total o parcial, entre otras consecuencias.

Investidura de Alberto Otárola como Primer Ministro

En medio del caos desatado por las protestas violentas, el Congreso otorgó su voto de confianza a Alberto Otárola como presidente del Consejo de Ministros para el gobierno de Dina Boluarte. El Legislativo respaldó al nuevo Jefe de Gabinete por 73 votos a favor, 43 en contra y 6 abstenciones.  Sin embargo, los peruanos que se manifiestan en las calles tomaron la noticia como una falta de respeto ante sus reclamos e insisten en la dimisión del nuevo Gobierno.

Toque de queda en Puno

Otárola anunció un toque de queda nocturno por tres días en el territorio de Puno, ante el recrudecimiento de las protestas. En este contexto, el pasado lunes 9 de enero, al menos 18 personas perdieron la vida durante los enfrentamientos. Uno de los fallecidos era un agente de la policía que, según las autoridades, fue "quemado vivo" por una turba de manifestantes en la ciudad de Juliaca, en la antedicha región. El resto de las víctimas eran civiles.

La ONU y Amnistía internacional solicitaron al Gobierno de Boluarte que deponga el uso innecesario y desproporcionado de la fuerza y facilite una solución pacífica a la crisis.