Hiroshima y Nagasaki se plantan ante el Gobierno de Japón para defender un pacto histórico contra las armas nucleares

Las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, únicas en el mundo en haber sufrido ataques atómicos, alzaron su voz de protesta esta semana contra el gobierno japonés. Las asambleas municipales de ambos distritos rechazaron unánimemente la intención de la primera ministra, Sanae Takaichi, de modificar los pilares fundamentales de la defensa nacional. El conflicto surge por el intento oficial de revisar los principios no nucleares que han regido la política exterior y de seguridad de Japón desde hace casi seis décadas, lo que ha generado una fuerte reacción social.

El debate por el tercer principio fundamental

La declaración oficial de la Asamblea de Hiroshima subrayó que cualquier intento de cambio genera una profunda preocupación en la comunidad internacional. Los legisladores locales instaron al Ejecutivo a respetar el sentimiento de los sobrevivientes de 1945, conocidos como hibakusha. Por su parte, en Nagasaki calificaron de totalmente inaceptable la flexibilización de la normativa vigente en los documentos de seguridad nacional que el partido gobernante busca actualizar con urgencia durante este año legislativo.

La controversia se centra específicamente en el tercero de los tres pilares establecidos en 1967. Estos principios dictan que Japón no debe poseer, no debe producir y, fundamentalmente, no debe permitir la entrada de armas nucleares en su territorio. Es este último punto el que la gestión de Takaichi evalúa modificar para facilitar una mayor integración con las estrategias de defensa de sus aliados estratégicos.

Para los habitantes de ambas ciudades, estos principios representan una política nacional irrenunciable nacida directamente de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que la Estrategia de Seguridad Nacional de 2022 ratificaba la vigencia de estas normas, el actual impulso por modernizar el arsenal defensivo ha puesto en alerta máxima a las comunidades. La presión busca frenar lo que consideran un retroceso peligroso hacia la militarización atómica.