Turismo controlado
Una medida cuasi policíaca y de neto corte persecutorio entró en vigencia en España desde hoy destinada a controlar la ubicación y circulación de los turistas extranjeros. Se trata del decreto real 933 dictado en 2021 pero que entró en vigencia este martes 2 de diciembre a pesar de las protestas de hoteleros y agencias de viaje.
Esta nueva exigencia del gobierno de Pedro Sánchez consiste en cada operador turístico de alojamiento, viajes, excursiones y hasta los alquileres de vehículos deberán presentar al ministerio del Interior de España una serie de datos personales de los viajeros y la ubicación exacta.
Esta tarea requiere un paso más en la burocratización de una de las industrias que más divisas aporta a la economía española. Pues en 2023 se reportó el ingreso de 85 millones de turistas.
Una de las exigencias es el informe de una residencia habitual, algo incómodo cuando el turismo implica traslados frecuentes y breves estadías en algunos puntos. El incumplimiento de la normativa les va a aparejar multas que pueden llegar a los 30 mil euros.
Desde el ministerio del Interior español justifican la disposición en el cuidado de la seguridad, remarcando en la actividad terrorista que "ataca a la ciudadanía y opera en alojamientos y medios de transporte".
Sin importar los motivos del viaje ni el país de origen se deberán entregar los siguientes datos: Nombre y apellidos; Sexo; Tipo y número de documento de identidad (DNI, pasaporte, TIE); Nacionalidad; Fecha de nacimiento; Lugar de residencia habitual; Número de teléfono; Correo electrónico; Número de viajeros; Relación de parentesco entre los viajeros (en caso de que alguno sea menor de edad); Datos de la transacción: contrato (número de referencia, fecha y firmas).
Además de datos de ejecución del contrato (fecha de y hora de entrada y fecha y hora de salida) y datos del pago (tipo, identificación del medio de pago como tipo de tarjeta y número, titular del medio de pago, fecha de caducidad de la tarjeta y fecha de pago)