La administración de Donald Trump lanzó una nueva ofensiva comercial global al proponer aranceles del 10% al 12,5% para las importaciones de 60 países, entre ellos la Argentina y Brasil. Tras el revés que sufrió en febrero por parte de la Corte Suprema, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) busca rearmar su política proteccionista acusando a estas naciones de no combatir eficazmente la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso.
El impacto en Sudamérica y la ira de Lula da Silva
En el caso de Argentina, que firmó recientemente un acuerdo de comercio recíproco, la sanción implicaría un arancel del 10%, afectando directamente la competitividad de las exportaciones nacionales. Según Jamieson Greer, titular del USTR, la falta de acción frente a la desigualdad laboral global resulta inaceptable para los trabajadores estadounidenses.
Aunque la inclusión del país encendió las alarmas en el sector exportador local, el documento del USTR aún no detalla a qué productos específicos afectará este recargo del 10%. Al tratarse de una medida que abarca a la gran mayoría de las importaciones estadounidenses bajo la presunción de prácticas laborales desleales o trabajo forzoso, el impacto podría ser transversal para los bienes nacionales enviados hacia ese mercado. Esto suma un factor de incertidumbre para la economía.
Sin embargo, el epicentro del conflicto estalló en Brasil. Ante la amenaza de un impuesto del 25% a los productos brasileños, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva reaccionó con total indignación, advirtiendo que su país priorizará otros mercados, como el chino, si Washington concreta el castigo.
El mandatario sudamericano no dudó en llevar la disputa al terreno político. Acusó al secretario de Estado, Marco Rubio, de ser un "enemigo mortal" de la región. Además, el gobierno brasileño denunció que la relación bilateral está siendo saboteada por "asuntos electorales" vinculados a la familia de Jair Bolsonaro, luego de que el senador Flávio Bolsonaro visitara Estados Unidos para reunirse con funcionarios republicanos.
La medida entraría en vigor tras una ronda de audiencias públicas que finaliza en julio. Mientras tanto, la región se mantiene a la espectativas las consecuencias de esta nueva barrera comercial que amenaza con reconfigurar por completo el mapa de exportaciones latinoamericanas.