Por Ciudadano.News
25 Enero de 2023 - 00:13
El Gobierno de Volodimir Zelenski debe afrontar un nuevo frente de guerra, debido a las dimisiones y destituciones en el centro del poder kievita, por las acusaciones de corrupción de altos cargos en la administración del Estado.
Uno de los casos más resonantes es el vicedirector de la oficina presidencial, Kirilo Timoshenko, que presentó su renuncia este pasado martes 24 de enero sin explicar los motivos.
Renuncias y sospechas de corrupción
Asediado por una causa de corrupción, el Viceministro de Defensa Viacheslav Shapovalov, responsable de los contratos de adquisición de equipos bélicos y de la logística de guerra, sostuvo que no tuvo ningún comportamiento de carácter ilegal. Un medio local acusó al antedicho ministerio de pagar sobreprecios por la comida de los soldados.
Además, abandonan sus puestos cinco gobernadores regionales, otros tres viceministros y dos jefes de agencias gubernamentales. También, el vicefiscal general del país Oleksiy Simonenko, renunció tras saberse que pasó unas vacaciones de diez días en España a principios de este año, en pleno desarrollo del conflicto.
Decisión gubernamental
A inicios de esta semana, el presidente Volodímir Zelenski anunciaba la decisión tomada por el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de “prohibir a las autoridades del Gobierno central y de ejecutivos regionales salir del país por motivos personales mientras esté en vigor la ley marcial”. Se sabe que la medida “incluye también a integrantes de las fuerzas de seguridad, políticos electos, fiscales y todos aquellos que deban trabajar para el Estado y en el Estado".
Temor a pérdida de la confianza internacional
El Presidente Zelenski, en este contexto, intenta demostrar, con las férreas disposiciones a sus funcionarios, que no tolerará ningún atisbo de corrupción y mala gestión que rompa la unidad nacional mientras continúa aunando ayuda y apoyo internacional para ganar la guerra.
El pasado sábado, agentes de la oficina anticorrupción detuvieron a un viceministro del área de Infraestructura, acusado de recibir 400.000 dólares, a cambio de mediar en favor de una corporación privada y así conseguirles un gran contrato público, para el suministro de generadores de energía, en un contexto donde la población del país sufre continuos cortes de luz a causa de los ataques rusos sobre diferentes ciudades.
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