El expresidente Sánchez de Lozada es sentenciado por los "Petrocontratos"

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del Estado Plurinacional de Bolivia sentenció a seis años y tres meses de prisión al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, acusado por el oficialismo gobernante de causar un prejuicio al Estado con la aprobación y connivencia en más de un centenar de contratos con petroleras multinacionales, sin el aval del Congreso.

El ministerio de Justicia celebró en un comunicado, publicado este martes, la "histórica sentencia" emitida en el caso en cuestión, conocido como 'Petrocontratos', dentro de un juicio de responsabilidades contra Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) y tres exministros.

La cartera de Justicia aseguró que el juicio se efectuó con el propósito de "combatir la impunidad en delitos de corrupción que afectaron gravemente la soberanía, el patrimonio e intereses del país en gestiones pasadas, pretendiendo imponer un modelo neoliberal, esencialmente capitalista y mercantilista en el manejo de la economía".

Además de Sánchez de Lozada, fueron sentenciados como cómplices a cinco años de cárcel los exministros Jorge Berindoague, Carlos Alberto Contreras y Carlos Alberto López, por los delitos de "conducta antieconómica e incumplimiento de deberes".

"Estos delitos se cometieron al suscribir 107 contratos de comercialización, exploración y explotación de hidrocarburos, sin la autorización del entonces Poder Legislativo, en franca violación a la normativa constitucional y legal vigente en el momento de los hechos acusados", mencionó el ministerio judicial.

El TSJ dispuso que cumplan las penas dispuestas en la cárcel de Chonchocoro, en el Altiplano de La Paz, y también se les inhabilitó para ejercer cargos en la función pública por cinco años.

El ministerio indicó que el fallo judicial también "habilita la posibilidad de iniciar el proceso de extradición de los sentenciados", quienes están fuera del país.

Sánchez de Lozada, de 94 años, vive en Estados Unidos desde 2003, cuando renunció a la primera magistratura y salió de la nación del Altiplano en medio de la convulsión social conocida como el "octubre negro", que se saldó con más de 60 fallecidos.