Colombia obligado a desplegar un operativo militar contra la guerrilla

Las Fuerzas Armadas de Colombia anunciaron una ofensiva militar para doblegar a los grupos guerrilleros, a quienes se les endilga la responsabilidad de dos cruentos ataques perpetrados, ayer jueves; dejando un saldo de 19 muertos y sumiendo al país en la peor crisis de violencia en 10 años.

En el marco del despliegue militar ordenado por el Gobierno de Gustavo Petro, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, recorrió, este viernes, la zona de detonación próxima a la escuela de aviación militar en la ciudad de Cali, donde, en el día de ayer, murieron seis civiles y más de 60 resultaron heridos por el estallido de un camión bomba. 

El gobierno despliega la Operación Sultana

Sin ahondar sobre los detalles de su ejecución, el jefe de la cartera anunció el inicio de la Operación Sultana para proteger a la región "del terrorismo y del crimen".

Por su parte, la fiscalía general aseguró que hay dos personas bajo custodia con relación al ataque del camión cargado con explosivos. Todo indicaría que uno de ellos fue golpeado cuando intentaba darse a la fuga y "capturado por la comunidad en el lugar de los hechos". 

Identificado con alias de "Sebastián", las autoridades lo señalan como miembro de la mayor agrupación de disidencias de las exFARC, conocidas como Estado Mayor Central (EMC), bajo el liderazgo de alias Iván Mordisco.

Cabe recordar que, horas antes de la explosión acaecida en Cali, un comando guerrillero, en Antioquia, mató a 13 policías, tras el derribo, mediante un dron, y consecuente tiroteo con miembros de la policía que viajaban en helicóptero en una zona de cultivo de hojas de coca.

Ataque por actitudes desesperadas de la guerrilla disidente 

El ministro Sánchez manifestó que la capacidad de extorsión, el sicariato rentado y el reclutamiento de niños por parte de las facciones guerrilleras cayeron en picada. En consecuencia, eso "los ha llevado a un desespero para afectar con el arma más criminal y demencial que puede existir, que es el terrorismo", aseguró.

Bajo este lineamiento, la justicia colombiana atribuye los ataques a dos disidencias de las FARC, enemistadas entre sí, que rechazaron el acuerdo de paz firmado en 2016 con el grueso de la cúpula política y militar del grupo.

El acuerdo de cese de hostilidades y paz con las FARC, firmado en 2016, conllevó un cierto grado de tranquilidad al país, tras décadas de conflicto armado que dejó más de un millón de muertos.

No obstante, también, dejó un vacío de poder en los territorios históricamente controlados por la facción, siendo aprovechado por grupos guerrilleros disidentes, paramilitares y cárteles que obtienen ganancias del narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal; obligando, a su vez, a los habitantes de poblados rurales y pequeñas localidades a pagar tasas impositivas junto con el enrolamiento forzoso de menores para mantener nutridas sus filas de combatientes.