Cancillería coordinó un comunicado conjunto rechazando la situación en Venezuela

Los Gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Uruguay se pronunciaron de forma conjunta y manifestaron su profunda preocupación por la detención arbitraria de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel, haciendo, a su vez, un enérgico llamado a las autoridades venezolanas a liberarla de inmediato y deponer los cargos realizados en su contra.

Cabe recordar, que fuerzas de seguridad de Venezuela allanaron en la noche, de este pasado miércoles, la casa de Rocío San Miguel en Caracas, según constató el equipo de defensa legal de la directora de la organización no gubernamental Control Ciudadano.

El temido Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), serían los responsables del allanamiento.

El hecho, acaecido en la casa de la activista, ocurre tras cumplirse una semana de que fue detenida, acusada de delitos como conspiración, terrorismo y asociación ilícita. La Fiscalía la apunta como copartícipe de una trama conspirativa contra el presidente Nicolás Maduro, algo que la defensa San Miguel rechaza.

Las violaciones y denuncias en materia de derechos civiles siguen agravándose en el país sudamericano, donde el canciller Yvan Gil anunció, este pasado jueves, la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de "suspender las actividades" de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en el país, abierta en 2019, y ordenó la salida de su personal en 72 horas. https://ciudadano.news/internacionales/maduro-el-bandido-de-milei-se-robo-el-avion

"Esta decisión es tomada debido al impropio papel que esta institución ha desarrollado, que lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular del grupo de golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país", afirmó el funcionario diplomático.

El régimen bolivariano "solicita que el personal adscrito a esta oficina abandone el país en las siguientes 72 horas hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas", amenazó el Gobierno en un comunicado.

Ante este último acontecimiento, la declaración de la cancillería argentina aseveró que los estados firmantes “rechazan las recientes medidas contra la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela y reclaman por el respeto pleno de los derechos humanos, la vigencia del estado de derecho y la convocatoria de elecciones transparentes, libres, democráticas y competitivas sin proscripciones de ningún tipo”.