Bukele envía otros 2.000 pandilleros a una macrocárcel

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dio a conocer este miércoles 15 de marzo el traslado de 2.000 reclusos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), catalogada como una megacárcel diseñada para recluir a pandilleros y con capacidad de hasta 40.000 presidiarios.

El traslado masivo de reclusos

Con esta operación, el número de internos en el centro penitenciario asciende a 4.000 y sigue suscitando críticas en la opinión de la comunidad internacional, siendo objeto de recriminaciones por parte de los organismos defensores de los Derechos Humanos.

El presidente salvadoreño se refirió con ironía al CECOT como "la cárcel más criticada del mundo". A su vez, publicó el traslado a través de su cuenta de Twitter, donde también subió un video sobre el tema en cuestión.

En las imágenes transmitidas se puede observar cómo los prisioneros son agrupados en la prisión donde se encontraban recluidos y, vestidos solo con ropa interior blanca y con sus muñecas esposadas por la espalda. Los mismos son trasladados corriendo hacia los autobuses que los llevarán al CECOT.

Críticas de la comunidad internacional

Este es el segundo envío de presos que el gobierno del país centroamericano realiza en los últimos días, lo que generó airadas críticas por parte de las naciones vecinas y de los organismos internacionales de defensa de los Derechos Humanos.

La construcción del CECOT también fue objeto de cuestionamientos por parte de organizaciones de Derechos Humanos, como Human Rights Watch (HRW), que asegura que incumple las normativas internacionales de Naciones Unidas sobre el tratamiento de reclusos.

En este contexto, el régimen de excepción decretado por el gobierno salvadoreño en marzo de 2022 para combatir la ola de homicidios pandilleros causó sospechas entre los observadores internacionales, por los supuestos abusos de las autoridades, las que detuvieron a cerca de 65.000 pandilleros desde entonces.

Ante esta situación, los organismos humanitarios instan repetidamente al gobierno salvadoreño a cumplir con la normativa internacional sobre el tratamiento de reclusos y a respetar los derechos individuales de los presos.