Adiós a la Cruz Roja en Nicaragua

El gobierno conducido por el matrimonio presidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenaron la disolución de la sede nacional de la Cruz Roja en Nicaragua, creada en el país centroamericano durante 1931, cuando la ciudad de Managua fue sacudida por un terremoto y luego consumida por un incendio.

El motivo de la iniciativa de ley

La diputada sandinista Lorna Dixon, primera secretaria legislativa, remitió este miércoles 10 de mayo una iniciativa de ley que no solo deroga el decreto fundacional del organismo, sino que ordena confiscar los bienes de la entidad y “traspasarlos” al Ministerio de Salud (Minsa).

El principal argumento del régimen de Ortega es que la filial nicaragüense del “organismo de socorro”, se rige por los “principios fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, entre los que se incluyen humanidad, imparcialidad y neutralidad”.

En consonancia, el matrimonio presidencial alega que la asociación del país centroamericano “actuó contra esos principios” en 2018, el año de las masivas protestas sociales contra la conducción sandinista.

En ese entonces, la organización humanitaria se volcó a las calles a curar y a atender a los miles de heridos que dejó la represión policial y el ataque de activistas favorables al gobierno.

Comunicado

“En los actos acontecidos en el año 2018 que atentaron contra la paz y estabilidad de la nación, algunos miembros de esta Asociación actuaron en contra de sus principios rectores y de su Acta Constitutiva y Estatutos. La Cruz Roja misma transgredió las leyes del país al desentenderse de su accionar y apoyar este actuar de sus filiales”, indica el documento aprobado por los legisladores sandinistas.

El Gobierno también sostiene que la Cruz Roja Nicaragüense incumplió “sus deberes y obligaciones establecidas en la Ley N° 1115, Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro (OSFL)”, al no dar constancia de “estados financieros, balances contables, declaración fiscal, falta de verificación de sus donantes y proveedores de fondos en el registro del Ministerio de Gobernación”.

El régimen de Ortega y Murillo utilizó estos mismos alegatos en contra de las 3.290 Organizaciones no Gubernamentales (ONG) que dejaron fuera de funciones desde 2018.