El fiscal general Sandro Abraldes, quien lidera la acusación en el juicio por homicidio que enfrenta el exlíder de Viejas Locas, radicó una denuncia formal contra el actual presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri, y contra la productora del evento.
El motivo principal es la falta de colaboración con la Justicia. Según la fiscalía, se había solicitado el ingreso de efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) para realizar tareas de supervisión técnica durante el show, debido a la delicada situación procesal del artista. El fiscal sostiene que existieron obstáculos e irregularidades que impidieron este control.
¿Salud mental o capacidad para actuar?
El eje de la polémica radica en una contradicción que la Justicia no está dispuesta a pasar por alto. Actualmente, el proceso por homicidio, portación ilegal de armas y privación de la libertad contra Pity Álvarez está suspendido. Esto se debe a que su defensa logró que sea declarado "inimputable provisoriamente", argumentando que su estado de salud mental no le permite enfrentar un juicio oral.
Sin embargo, tras verlo brillar frente a una multitud, la fiscalía sospecha que existe una inconsistencia. El fiscal Abraldes supone que el estado de incapacidad alegado por la defensa para evitar el banquillo de los acusados no coincide con la destreza y energía demostradas por Álvarez ante 35.000 personas.
La tensión previa al show
La previa del concierto no estuvo exenta de roces. Se supo que el músico había faltado a los exámenes del Cuerpo Médico Forense en los días anteriores. Pese a esto, y tras intensas gestiones, el permiso para viajar a Córdoba fue otorgado poco antes del espectáculo. Ahora, la Justicia cordobesa deberá investigar si hubo una maniobra para ocultar la verdadera condición del cantante o si los organizadores facilitaron el incumplimiento de las órdenes judiciales.

