La tarifa de gas aumentará alrededor del 6% a partir de mayo

Tal como incrementa sus valores la mayoría de los productos y servicios, ahora confirman que lo harán los servicios públicos de transporte y distribución de gas por redes. Según informó el interventor del Ente Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, tendrán un incremento a partir de mayo.

Para los usuarios residenciales, esta suba sería del 6%, mientras que para comercio e industrias, poco menos de 4%. 

El funcionario precisó respecto al "precio del gas para los productores, corresponde definirlo a la Secretaría de Energía, luego de una audiencia pública donde se aprobará o no los niveles de subsidios".

Dijo, además, que cuando eso se defina, "habrá un nuevo precio del gas y se cambiarán los cuadros tarifarios, para determinar si se traslada o no a las facturas. Pero eso recién será para fines de junio o julio". Es por esto que los ajustes que se realizarán en mayo, son denominados "de transición". 

Remarcó, en tanto, que esta nueva tarifa "no va a poner en peligro al servicio público y va a poder pagarse, porque va a adecuarse a los ingresos de las familias argentinas y a su situación económica, como pidió el presidente Alberto Fernández".

Si se cumple la Ley de Presupuesto en lo que refiere a los subsidios, el Estado pasaría a cubrir entre el 35% y el 37,2% del valor del gas.

Con respecto a las tarifas de Cambiemos, Bernal indicó que "eran impagables" y destacó, a su vez, que el presidente "no decidió suspender las tarifas de Macri y evitar esos incrementos siderales solamente para que la gente no pase a pagar ese 130% de aumento (promedio residencial) en abril. Suspendió las tarifas de la gestión neoliberal porque, fundamentalmente, el Poder Ejecutivo aceptó los resultados de la auditoría y la revisión (encomendadas por el propio Fernández) que los entes reguladores condujeron durante todo el año pasado”.

Mientras que en cuanto a la ganancia de las empresas del sector, dijo: "Ni el Presidente ni nadie propone empresas que no ganen como condición excluyente para una tarifa justa, razonable y que se pueda pagar".

"Las empresas tendrán una rentabilidad razonable. Una rentabilidad que no derive en una tarifa confiscatoria para los usuarios y las usuarias, como sucedió entre 2016 y 2019. Es más, lo que nosotros buscamos es que todos los actores del servicio público -transportistas, distribuidoras, usuarios y usuarias- ganen y que ganen equilibradamente", concluyó.