El Gobierno desreguló la compra de vehículos 0Km en el exterior para particulares

El Gobierno nacional autorizó a los particulares a importar vehículos nuevos del exterior sin necesidad de recurrir a fabricantes o concesionarios oficiales. A partir de ahora, cualquier ciudadano podrá adquirir un auto fuera del país y realizar el patentamiento por su cuenta, siempre que se cumplan los requisitos de seguridad correspondientes.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 271/2025, publicada por la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía. 

¿Qué dice la norma sobre desregulación de importaciones de vehículos 0Km?

La normativa simplifica el proceso de obtención de la Licencia de Configuración de Modelo (LCM), el documento técnico que certifica que un vehículo cumple con los estándares de seguridad exigidos para circular en la vía pública.

De este modo, si el vehículo importado ya cuenta con una LCM emitida por el fabricante o importador, el particular podrá utilizarla para patentar el vehículo. En los casos en que no exista una LCM disponible, el ciudadano podrá gestionar directamente un certificado de seguridad vial ante la Secretaría de Transporte, en un procedimiento similar al de una Verificación Técnica Vehicular (VTV).

Asimismo, se establece que serán válidas las certificaciones de seguridad emitidas por organismos internacionales reconocidos, como los de la ONU, la Unión Europea, Estados Unidos y Brasil.

Se flexibilizan normas clave para la fabricación e importación de autopartes

Esta flexibilización del régimen automotor se complementa con otro cambio normativo clave: la Resolución 222/2025, que eliminó trabas para la importación y comercialización de autopartes y elementos de seguridad.

Desde su implementación, ya no es obligatorio tramitar el Certificado de Homologación de Autopartes de Seguridad (CHAS) ante el INTI, un requisito que había sido criticado por el sector privado por los costos y demoras que implicaba.

Actualmente, la fabricación e importación de autopartes no requiere autorización previa. Los fabricantes e importadores son responsables del cumplimiento de los estándares de seguridad establecidos en el decreto 196/25, y las certificaciones pueden ser emitidas por una amplia red de laboratorios y organismos internacionales, sin depender exclusivamente del INTI.

La fiscalización, en tanto, se realiza de manera ex post, es decir, una vez que los productos ya están en el mercado, lo que permite agilizar su disponibilidad sin resignar controles de calidad y seguridad.

Con estas medidas, el Gobierno apunta a liberar el comercio, facilitar el acceso a vehículos nuevos y reducir los costos y tiempos administrativos, en un contexto donde la apertura económica comienza a reflejarse (y a tener consecuencias) en distintas áreas del mercado.

Con información de Ámbito