¿Un agujero de u$s1.000 millones? Por qué el Banco Mundial pide revisar urgente el sistema de Tierra del Fuego

El Banco Mundial emitió un diagnóstico demoledor sobre el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, al que calificó formalmente como una "política industrial fallida". Durante las reuniones de primavera, el organismo multilateral advirtió que el esquema actual genera "incentivos perversos" que han persistido durante décadas, sin lograr los objetivos de productividad, mejoras tecnológicas o capacidad exportadora que justificaron su creación original.

El impacto fiscal y la falta de resultados

El Régimen de Promoción Industrial de Tierra del Fuego, basado en la La Ley 19.640, sancionada en 1972 por el gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse, estableció beneficios fiscales y aduaneros diseñado originalmente para incentivar el poblamiento de Tierra del Fuego ante sus desventajas geográficas y su valor estratégico frente a la Antártida. Este esquema fue prorrogado por la gestión de Cristina Fernández de Kirchner en 2007 y, más recientemente, por Alberto Fernández en 2021, extendiendo su vigencia hasta 2038 con la posibilidad de una prórroga adicional por 15 años más.

Según el documento titulado "Panorama económico de América Latina y el Caribe", el costo fiscal del régimen se estima en u$s1.070 millones anuales. Esta cifra equivale al 0,22% del Producto Interno Bruto (PBI), un monto que supera con creces el presupuesto total del Conicet y representa casi el 90% del gasto público nacional en Ciencia y Tecnología. A pesar de este enorme esfuerzo estatal, el informe subraya que no se observaron avances relevantes en la calidad de los productos electrónicos ni en la competitividad del sector a nivel internacional.

El Banco Mundial destacó que, si bien se cumplió el objetivo de poblamiento en la isla, el balance económico es crítico. La falta de un cronograma de reducción de asistencia y la extensión de beneficios hasta 2038 sin metas de desempeño claras han consolidado un modelo que encarece los bienes para los consumidores. Para el organismo, el caso fueguino es un testimonio de lo que el desarrollo productivo no debería ser en el siglo XXI, al no promover la agregación de valor ni establecer un horizonte de salida. La sostenibilidad de este esquema queda ahora bajo la lupa, en un contexto de racionalización de las cuentas públicas nacionales.