¿Adiós a las "gangas" online? Arancel a Shein y Temu: ¿quién paga la cuenta?

El diputado Miguel Ángel Pichetto (Hacemos Coalición Federal) presentó un proyecto de ley que busca establecer un arancel del 35% a las compras realizadas en plataformas digitales extrarregionales como Shein, Temu, AliExpress y similares. 

La iniciativa apunta directamente a corregir lo que, según sus impulsores, es una "competencia desleal" para la industria y el comercio nacional.

Actualmente, muchas de estas transacciones se benefician de un régimen simplificado que permite el ingreso de paquetes de bajo valor con aranceles mínimos o nulos, bajo la figura de "puerta a puerta". 

El proyecto de Pichetto busca modificar este esquema, aplicando el arancel común del 35% que rige para la mayoría de las importaciones, además del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y otros tributos. 

La modificación tiene un objetivo claro: proteger la producción y el empleo argentino de la competencia de costos de los gigantes asiáticos.

¿Beneficio para el usuario? El costo de la "protección"

La pregunta central es si el usuario final, el comprador que busca precios bajos en línea, se verá beneficiado. La respuesta inmediata, y en términos económicos, es negativa.

Al incrementarse el costo en un 35% más impuestos, los productos perderán su principal atractivo: el precio ultracompetitivo, provocando un impacto directo en el bolsillo.

Por ejemplo, una prenda de Shein que hoy cuesta $10, vería su precio final aumentar drásticamente al sumarse las nuevas cargas.

Por otra parte, el encarecimiento de los productos importados podría limitar las opciones de consumo de los ciudadanos, especialmente en moda y pequeños artículos de tecnología, obligándolos a recurrir a un mercado doméstico que, en muchos casos, maneja precios superiores.

El proyecto, si bien es una herramienta de política industrial, podría interpretarse como una medida que limita el poder adquisitivo y el acceso al consumo de la clase media, que utiliza estas plataformas como una vía para estirar sus presupuestos.

¿A quién perjudica y a quién beneficia realmente?

La propuesta genera ganadores y perdedores claros en el ecosistema económico:

Perjudicados (los que pagan la cuenta)

El consumidor popular: Es el segmento más afectado, ya que verá encarecidos o inaccesibles los productos de bajo costo que constituyen una parte importante de su canasta de consumo digital.

PyMEs de logística y servicios digitales: Empresas nacionales de paquetería, aduanas, couriers y servicios de seguimiento que se nutren del volumen de estas transacciones verían reducirse drásticamente su actividad.

Beneficiados (los que piden protección)

La industria y el comercio local: Principalmente los sectores textil, del calzado y de manufacturas nacionales obtendrían una reducción significativa en la competencia de precios, lo que podría reimpulsar su producción y la generación de empleo en el país.

El Estado nacional: Habría un aumento en la recaudación fiscal por la aplicación de los aranceles e impuestos sobre las transacciones que, hasta ahora, ingresaban bajo regímenes más flexibles.

El proyecto abre un debate de difícil resolución: la necesidad de proteger el empleo y la producción local contra el derecho del consumidor a acceder a precios competitivos en la economía globalizada.