Dejarán de pagar indemnizaciones a víctimas del terrorismo de Estado con irregularidades

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ha anunciado la realización de una auditoría integral de todos los pedidos realizados en el marco de las leyes de reparación patrimonial para víctimas de terrorismo de Estado. Esta medida se tomó debido a la detección de irregularidades en la tramitación, otorgamiento y/o pago de las indemnizaciones que el Estado había otorgado a personas que fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar en Argentina.

La auditoría surge a raíz del fallo de procesamiento en la causa 'Martínez Moreira, Adrián y otros s/defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita', confirmado por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. En esta causa, se procesó a un grupo de personas por delitos como asociación ilícita, falsificación de documentos públicos y privados, uso de documentos falsos, falso testimonio, falsa denuncia, estafa y defraudación contra la Administración Pública Nacional. Además, existen otras causas penales en trámite relacionadas con pagos duplicados o realizados a personas sin documentación que respalde sus solicitudes.

El ministro Cúneo Libarona reveló que más de 100 personas habían recibido alrededor de US$ 150.000 en indemnizaciones utilizando documentos, testigos y formularios falsos. También mencionó casos en los que personas que habían estado brevemente en la Argentina, pero permanecieron detenidas en Uruguay, reclamaban pagos completos. En total, se revisarán aproximadamente 25.500 juicios relacionados con indemnizaciones, y se buscará recuperar las sumas pagadas indebidamente.

El Gobierno aseguró que está tomando medidas para garantizar que las indemnizaciones lleguen a quienes realmente corresponden y para perseguir la devolución de fondos malversados. El objetivo es asegurar la justicia y la transparencia en el proceso de reparación patrimonial para las víctimas del terrorismo de Estado. Además, se espera que esta auditoría arroje luz sobre las irregularidades y permita tomar acciones legales contra aquellos que se beneficiaron fraudulentamente del sistema.

Es importante destacar que el Estado tiene la responsabilidad de proteger los derechos de las víctimas y garantizar que los recursos destinados a reparaciones lleguen a quienes realmente lo necesitan. La detección de irregularidades en este proceso es un paso crucial para asegurar la equidad y la integridad en la administración de justicia.

Desde el Gobierno saben que, si bien la auditoría puede generar controversia y preocupación, su objetivo es corregir las fallas y garantizar que las indemnizaciones sean justas y legítimas. Y afirmaron que la sociedad debe estar atenta a los resultados y apoyar medidas que promuevan la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas del terrorismo de Estado.