Ley Micaela: advierten sobre modificaciones propuestas por la ley ómnibus

La ley Micaela lleva el nombre de Micaela García, una joven que fue asesinada en la provincia de Entre Ríos en 2017 y cuyo femicidio generó legislación. Ahora, sus familiares advirtieron sobre las modificaciones que propone la Ley Ómnibus respecto a la normativa vigente.

"El proyecto intenta modificar seis (6) artículos de la Ley Micaela, pero lo que a nuestro entender es más grave es la modificación del artículo 1° porque afecta el sentido de la Ley", expresó la familia de la joven en un comunicado.

La ley presentada por el presidente Javier Milei propone la siguiente modificación: "Sustitúyese el artículo 1° de la Ley N° 27.499 por el siguiente:"ARTÍCULO 1°.- Se establece la capacitación obligatoria en la temática violencia familiar y contra la mujer, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia".

Actualmente, el artículo expresa: “Artículo 1° - Establécese la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación”.

Los padres de la muchacha, Andrea Lescano y Néstor 'Yuyo' Gracía, rechazaron la modificación, aseguraron: "Lo que se pretende modificar es que solamente van a estar obligadas aquellas personas "…que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia" y no la totalidad de las personas que integran el Estado en sus tres poderes".

La Ley Micaela, Ley 27.499, nació luego del femicidio de García y apunta a que las decisiones tomadas por los agentes del Estado no tuvieron perspectiva de género, lo que, en caso de haber sido al revés, podría haber evitado el asesinato.

"Ninguno de esos agentes se desempeñaba en la función pública en organismos competentes en la materia. El Juez Carlos Rossi (que dio la libertad condicional al violador y femicida de Micaela, a pesar de tener un paquete de informes psicológicos que desaconsejaban la libertad) no se desempeñaba en la función pública en un organismo competente en la materia. Las personas (agentes del Estado) que el día previo al femicidio de Mica, no tomaran una denuncia por intento de violación del femicida de Mica, a una niña de 13 años. Estos funcionarios públicos tampoco se desempeñaban en la función pública en un organismo competente en la materia", recalcaron los familiares.

"Muchos de los femicidios, ocurren por falta de perspectiva de género de quienes toman las denuncias (Policías, agentes judiciales, etc.) Ninguno de ellos se desempeñaba en la función pública en un organismo competente en la materia. Además de que no es lo mismo la Violencia Familiar que la Violencia por Motivos de Género, que pretende modificarse", agregaron.

Desde su sanción hace cinco años, los familiares remarcan: "Estamos convencidos de que es una herramienta imprescindible para prevenir situaciones graves de violencia, promover ámbitos de trabajo respetuosos y jerarquizar la función pública. Y hemos visto los cambios, que aún pequeños nos generan mucha esperanza. Creemos en el rol del Estado en la promoción de derechos y la prevención de las violencias. Capacitarnos y trabajar en la erradicación de la discriminación y los prejuicios de género es fundamental para vivir en una sociedad mejor y más libre".

"Todas las fuerzas políticas en aquel diciembre del 2018, acompañaron la Ley que se está pretendiendo modificar. Esas fuerzas políticas, incluso muchas personas legisladoras en aquel momento lo siguen siendo hoy. De verdad no creemos que puedan "borrar con el codo lo que escribieron con la mano". Deseamos y trabajamos por la libertad y, por esa razón, creemos en la importancia de perspectiva de género. Libertad es salir a las calles y no tener que soportar acoso. Libertad es no temer a habitar el espacio público. Libertad es la que cercenaron a Micaela y a tantas otras", concluye el comunicado.