Por Ciudadano.News
5 Julio de 2018 - 21:35
A dos días de la audiencia pública, representantes técnicos de las principales distribuidoras de energía de la provincia, continúan analizando la propuesta de revisión tarifaria.
El Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) señaló que la suba debería ser de un 2% y, en lineas generales, el porcentaje obtuvo moderada aceptación por parte de los representantes de las prestadoras.
El Ciudadano habló con Julio Gallego, Coordinador de Gerentes de La Cooperativa Empresa Eléctrica de Godoy Cruz.
"El EPRE hizo una buena exposición. En el marco de circunstancia de la económica actual, consideramos que el aumento propuesto del ente regulador (2%) es valido por que la gente ya no tolera más aumentos. Lo aceptamos por esa razón. Sin embargo, no estamos de acuerdo con la omisión de algunos ítems que conforman el valor agregado de distribución (VAD)" dijo.
Consultado sobre el panorama inflacionario que afecta a la conformación final de la tarifa, Gallego comentó que la última actualización del VAD corresponde a diciembre del 2017. En consecuencia, las empresas prestadoras del servicio eléctrico, hoy no tienen otra alternativa que absorber la inflación del primer semestre del 2018, pero confían que para febrero del 2019, el ejecutivo autorice un incremento en consonancia con la inflación actual.
"Hasta febrero del año que viene, la Cooperativa va a terminar asimilando un escenario inflacionario de entre el 30% y 35% correspondiente al 2018" comentó el especialista representante de la empresa eléctrica godoycruceña. "Por eso estamos pidiendo que el ajuste de VAD se realice en forma semestral" agregó el entrevistado. Pago de multas
Algunos legisladores que expusieron el lunes pasado en la audiencia pública señalaron que no sabían si las distribuidoras estaban pagando las multas del EPRE por faltas a la calidad de servicio.
Sobre este tema Gallego dijo. "A nosotros no nos competen esas acusaciones. En lo referido al pago de multas, la Cooperativa está al día con el ente regulador y no debe dinero relacionados a la calidad de la prestación". Áreas inestables
Como es de público conocimiento, en nuestra provincia como en otras áreas del país, muchos terrenos privados fueron usurpados por familias en situación de vulnerabilidad.
Lo cierto es que en estos espacios ilegalmente apropiados, la gente se "cuelga de la luz" y las empresas no pueden hacer nada ya que no tienen poder de policía sobre terrenos privados. En este punto, vale la pena recordar que las conexiones clandestinas representan alto riesgo de muerte para las personas pero las prestadoras, en estos casos, están atadas de pies y manos para actuar.
Esta situación, al margen de la tristeza que genera este tipo de panoramas, según Gallego, "Las distribuidoras pierden 12 millones de pesos por año y ese es uno de los ítems que no fueron tomados en cuenta por el EPRE en la audiencia pública del martes pasado" finalizó.
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