Por Noelia Castro Bonamico
22 Marzo de 2021 - 21:25
Operadores de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (exCOSE) mantuvieron durante la mañana de este lunes una asamblea autoconvocada en dependencias del organismo ubicado en calle Río Juramento, entre Montes de Oca y Corredor del Oeste, en la que denunciaron supuestas irregularidades en la vacunación.
Los trabajadores acusaron una supuesta "vacunación VIP" contra COVID-19 por parte de 12 directivos del organismo, sin que aún se haya iniciado la vacunación del personal de operadores del sistema, que serían unos 300.
El Ciudadano contactó a Arturo Piraces, director general de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ), quien desmintió de forma categórica que haya vacunados VIP: "Lo que sucedió es que el viernes comenzó la vacunación, como el personal de Salud ya se encontraba vacunado, entonces se confeccionó una lista improvisada y se vacunó a la gente que está a cargo de distintas áreas, se inoculó a 5 operadores y 7 encargados de pabellón, pero no tenemos ningún tipo de privilegio", manifestó.
"En este momento tenemos 382 personas que están en lista final que esperan recibir la vacuna, que son parte del personal que se encuentra al cuidado de los chicos. Entre ellos se encuentran auxiliares, choferes, ayudantes, operadores, profesores, seguridad, talleristas, cocineros y administrativos".
Piraces también indicó: "La lista está confeccionada, sólo falta que desde el Ministerio nos vayan enviando las dosis. Eso irá ocurriendo a medida que vayan llegando las vacunas a la provincia".
Con respecto al otro reclamo que llevaron adelante personal de DRPJ sobre los días trabajados y de descanso dijo: "Lo que ellos piden es volver a como estaba antes, que era de 24 por 72 horas, pero por la pandemia se cambió a 15 por 15, que eran los días de aislamiento en caso de contagio. Ahora es de 7 por 7, pero eso no lo decidimos nosotros, sino que es lo que determina el Gobierno", cerró Piraces.
Reclamo de los empleados
Unas 300 personas están a cargo de resguardar, cuidar y velar por unos 730 jóvenes y adolescentes en situación de custodia por disposición judicial, de los cuales entre 670 y 680 revisten en la modalidad de libertad asistida por la Comisión de Delitos Menores, mientras alrededor de 50 a 60, permanecen privados de su libertad por homicidio, asalto a mano armada o violación.
El trabajo de los operadores se debe trasladar mayormente al territorio para la realización de las tareas de asistencia y control de concurrencia a las escuelas, trabajos o talleres de capacitación de los jóvenes y adolescentes con libertad asistida.
En la asamblea de esta mañana, además de la protesta por la vacunación VIP, los operadores manifestaron sus quejas por la afectación de sus regímenes horarios y de licencias y vacaciones.
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