Arranca la intervención de los registros automotores de todo el país

Tras prometerlo en diversas oportunidades durante la campaña, y con varios proyectos propuestos en el Congreso por distintas fuerzas, el Gobierno dio el paso inicial para intervenir todos los registros automotores del país a través del viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, quien hizo una presentación formal para revocar las intervenciones vigentes o nombrar a nuevos interventores en más de un centenar de ellos.

En toda la Argentina hay hoy 1.557 registros de la propiedad automotor, y en ellos se realizan unas 180.000 transferencias o inscripciones por mes, entre automóviles, motocicletas y transporte pesado, incluyendo maquinaria agrícola. Siguiendo con los números, el sector suma 2.809.049 trámites, un promedio de 150 por mes por cada oficina, aunque de debe aclarar que hay registros con mucho mayor volumen de trámites y facturación por su ubicación y jurisdicción.

Todo el sistema depende de la Dirección Nacional de Registro Automotor (DNRPA), que a su vez depende del Ministerio de Justicia. Es obligatorio destacar que los cuestionamientos, además de ser porque es un sistema burocrático, poco eficiente, muy caro y complejo, también obedecen a que se ha manejado como una verdadera caja política, y esto sale de repasar los listados de dueños de los registros, inundados de amigos y familiares de los funcionarios y exfuncionarios, cuando no por ellos mismos, situación que abarca a todos los partidos.

Mientras se estaba desarrollando la campaña electoral, La Libertad Avanza cuestionó el modo de nombramiento de sus titulares, a los que no dudó en incluirlos dentro de los privilegios de la “casta política”, y enfatizar que forman parte de un sistema que el nuevo gobierno desmantelaría como parte de su reorganización de los organismos públicos. 

En varias oportunidades, Javier Milei dijo que cerraría los registros automotores y anularía el impuesto de sellos y los aranceles de patentamientos y transferencias de vehículos, y su propuesta se asemejaba al sistema que funciona en Estados Unidos, donde cada usuario compra su patente en el estado que habite y es todo mucho más simple, económico y razonable.