Por Ciudadano.News
5 Abril de 2025 - 09:54
La elección porteña sigue ganando temperatura, transformándose en la primera prueba para las fuerzas políticas que están poniendo en ellas toda la artillería, y la novedad de ahora fue una denuncia, llevada a a cabo por Yamil Santoro, candidato a legislador porteño por Unión Porteña Libertaria (UPL), quien la presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA).
El denunciado es el vocero presidencial y candidato de La Libertad Avanza (LLA) al mismo cargo, Manuel Adorni, por la presunta utilización de "recursos y medios públicos para autopromoción" en el marco de su actual campaña electoral. El denunciante lo comunicó a través de sus redes sociales, señalando que la acción legal se produce tras una presentación previa ante la OA en la que se anticipaban posibles conflictos de interés derivados de la doble función de Adorni como vocero del Poder Ejecutivo y candidato a un cargo legislativo.

"La semana pasada habíamos hecho una presentación ante la OA para que le exijan una licencia, justamente anticipando posibles conflictos de interés. No pasó ni una semana y la amenaza republicana señalada se concretó", expresó Santoro, mientras que desde su fuerza, la Unión Porteña Libertaria, sostuvieron que la permanencia de Adorni en su rol de vocero presidencial mientras se encuentra en campaña electoral constituye una maniobra que lesiona la ética pública y vulnera el principio de equidad en la contienda electoral. "Consideramos que, en el caso que nos ocupa, estamos frente a la promoción de un funcionario público y, lo que es peor aún, de un candidato que, a partir de esta maniobra lesiva de la ética pública, compite en el proceso electoral vulnerando el principio de equidad", expresaron.
Santoro exigió públicamente que Manuel Adorni renuncie a su cargo de vocero presidencial o solicite una licencia mientras desarrolle su campaña como candidato. "Manuel Adorni no puede seguir ejerciendo como vocero presidencial mientras es candidato. Su permanencia en el cargo mientras hace campaña representa un uso indebido de su función y atenta contra los principios básicos de la ética pública. Si el Gobierno realmente apuesta por la transparencia, debe exigirle que renuncie o se tome licencia de inmediato", concluyó.
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