Villarruel designó a un exmilitar acusado de destruir pruebas de la dictadura

En medio de una creciente polémica, la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, firmó el decreto 0306/25 por el cual oficializó la designación de Juan Manuel Gestoso Presas como subdirector general de Control de Auditoría y de Gestión en la Cámara Alta. 

Su incorporación se concretará el próximo 1 de junio, pero su nombre ya genera controversia: fue acusado en 2008 de haber ordenado destruir pruebas vinculadas a crímenes de la última dictadura militar.

Gestoso Presas fue jefe de la Compañía de Inteligencia 5 del Ejército, y fue uno de los protagonistas de un caso que conmocionó a Salta: la quema frustrada de dos libros del Hospital Militar donde se registraban nacimientos entre los años '70 y '90.

La polémica que vuelve del pasado

El 15 de mayo de 2008, Carlos Fernando Tozzeto Arias, entonces director del Hospital Militar de Salta, halló junto a otras personas dos libros deteriorados por humedad y moho. Los entregó a Gestoso Presas para su evaluación. Este último, en su carácter de jefe de inteligencia, determinó que los documentos no tenían valor informativo y resolvió quemarlos.

"Ordenó destruirlos porque consideró que no eran relevantes", consta en el expediente. Tozzeto Arias avaló la decisión y le encargaron la quema al capitán Silvio Manino Leal, quien, en un giro inesperado, desobedeció la orden, resguardó los libros y los entregó luego al Ministerio de Defensa.

La entonces ministra Nilda Garré valoró la actitud de Manino Leal y ordenó un sumario interno y una denuncia penal contra los responsables de la orden de incineración. En lo administrativo, Gestoso Presas y Tozzeto Arias fueron pasados a disponibilidad y posteriormente a retiro.

Juicio y sobreseimiento

En 2014, el Tribunal Oral Federal de Salta dictó el sobreseimiento de ambos imputados, considerando que no se trataba de delitos de lesa humanidad y que la acción penal había prescripto. Sin embargo, los fiscales del caso apuntaron que la maniobra estaba claramente vinculada al intento de ocultar información sensible sobre el terrorismo de Estado.

El fiscal Ricardo Toranzos fue categórico: "Tanto Tozzeto Arias como Gestoso Presas sabían desde el inicio que su proceder era irregular. No obstante, motivados con la intención de destruir aquellos instrumentos, no dudaron en dar la orden para su incineración".

Uno de los libros en cuestión corresponde al registro de la sala de maternidad de 1976, y podría contener datos relevantes sobre nacimientos ocurridos durante el régimen militar.

Una designación bajo la lupa

El nombramiento, que se conoció en las últimas horas, pero ya circulaba con pedido de reserva, reaviva el debate sobre la vinculación de funcionarios actuales con hechos del pasado reciente, especialmente en un contexto donde la vicepresidenta Villarruel ha mostrado reiteradas posturas de revisión sobre la historia oficial de los años de la dictadura.

La polémica está servida: ¿es ético que un funcionario con este antecedente ocupe un cargo de control en el Senado? La respuesta divide aguas dentro y fuera del recinto legislativo.