Por Ciudadano.News
14 Diciembre de 2024 - 15:25
Con tres decretos y un DNU, el Gobierno de Javier Milei ordenó que la facturación de bienes y servicios de las universidades públicas se realice mediante plataformas que dependen del Poder Ejecutivo, y si no cumplen, podrían limitar las transferencias de fondos públicos. Aunque la medida involucra a las 62 casas de altos estudios, el foco está puesto en la UBA.
Para conocer cuál es la reacción de esas casas de altos estudios ante la medida, en el programa Círculo Político, de Ciudadano News Radio, fue entrevistado Víctor Moriñigo, rector de la Universidad Nacional de San Luis y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), quien señaló al respecto: "No está muy claro cuál es la intención del Gobierno y no está muy claro cómo vamos a tener que hacer nosotros para implementar esos decretos".
"En primer lugar, quiero decir que es bienvenido si es para una mayor transparencia, corresponde. También quiero decir que los sistemas que tienen las universidades son muy modernos; incluso el Ministerio de Economía nos los pide para sí, pero hay como una confusión en controlar el gasto o meterse en la administración de las universidades, en las que tenemos un grado de autonomía que es de rango constitucional", agregó.
Contratos directos en la mira
"Ojalá en febrero se genere una comisión y empecemos una charla sobre cuál es el punto que entiende el Gobierno que nosotros tenemos que informar de mejor manera, aunque ya lo estamos haciendo. Por ejemplo, preguntarle al Gobierno qué no le gusta de los sistemas, y creo que nos vamos a poner de acuerdo mucho más rápido. Que nos expliquen qué quieren ver y lo vamos a hacer sin ningún inconveniente. Pero uno entiende que hay que decir algo para la tribuna y me parece que eso es lo que ha pasado en este cambio", opinó el entrevistado.
En cuanto a los contratos directos que suscriben las universidades, consideró que "eso tiene otra cuestión. Me parece que cada gobierno nacional, cuando asume, tiene su impronta, su ideología y su manera de ver este tipo de cosas y respetamos totalmente su decisión. Si en los contratos directos ellos entienden ahora que las universidades no tienen ningún tipo de privilegio para contratar, el decreto me parece bien, porque es una decisión del Poder Ejecutivo".
Pero recalcó que "alguien va a tener que asesorar, porque si no lo hacen las universidades de manera directa van a empezar a proliferar aquellas consultoras que van a ganar esas licitaciones y nos van a subcontratar a nosotros de la misma manera. Ya lo vivimos en los 90, pero bienvenido sea vivir la experiencia y después hacer un balance de cuál de los dos sistemas ha sido mejor".
Reinserción de universidades
"El Gobierno ha optado por anular licitaciones directas con las universidades y elabora una compulsa de consultoras que contraten cualquier servicio, y esos consultores después seguramente nos contratarán a nosotros", entiende Moriñigo.
"No tenemos ningún inconveniente en someternos a todas las auditorías que estén fijadas por la ley, en este caso por la Auditoría General de la Nación. Ojalá que se le brinden los recursos para que pueda ir a todas las universidades con la periodicidad que se merece la sociedad de tener rendiciones de cuenta. Pero no como pasó en la UBA, donde con policías y con bastante conflicto intentaron ingresar. Me parece que es un desperdicio empezar con esa tensión", expresó el rector.
Ante la pregunta de si considera que entre las universidades estatales hay varias que tienen la currícula atrasada y necesitan una actualización, reconoció que "en general se tienen que reinsertar. Tenemos el desafío de la transformación, pero sin deformación de nuestro alto nivel académico. Si el Gobierno nos llamase y nos dijera que como proyecto de país es muy importante fijar algún tipo de prioridad o de carrera prioritaria o estratégica para el desarrollo, todos nos pondríamos a pensar en conjunto e ir en ese sentido".
"Eso es un norte para caminar juntos sin diferencias y dejarnos de pelear", afirmó finalmente Moriñigo.
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