Un bloque de diputados presiona a Villarruel para que active una comisión bicameral

El bloque de diputados nacionales Democracia para Siempre exigió a la vicepresidenta Victoria Villarruel que designe a los senadores necesarios para reactivar la Comisión Bicameral Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, paralizada desde hace más de un año.

Esta bicameral es clave, ya que tiene la responsabilidad de regular el proceso de selección del nuevo Defensor del área, en un contexto en el que el mandato de Marisa Graham está próximo a vencer.

Preocupación por la demora en la designación del nuevo Defensor

A través de una nota formal dirigida a Villarruel, los diputados radicales expresaron su preocupación por la falta de avances en la conformación de la comisión. En el documento, instaron a que, una vez constituida, los miembros procedan "a la brevedad posible" con la realización del concurso público para elegir al próximo Defensor o Defensora y sus respectivos adjuntos, tal como lo establece la legislación vigente.

Un "escenario crítico" que vulnera derechos

El comunicado de Democracia para Siempre, encabezado por el diputado Pablo Juliano, advierte sobre la gravedad institucional de la situación. En el texto, los legisladores señalaron que la inacción del Senado no solo afecta el funcionamiento del organismo, sino que también pone en riesgo la protección y promoción de los derechos de la infancia y la adolescencia en Argentina.

"La omisión del Honorable Senado de la Nación nos ha colocado en un escenario crítico, que no solo afecta el orden institucional establecido en la Constitución, sino que también pone en peligro la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país", concluye la misiva.

Un puesto clave sin designación en medio de la crisis

La figura del Defensor de Niñez y Adolescencia es fundamental para supervisar y garantizar el cumplimiento de los derechos de los menores en diversas áreas, incluyendo educación, salud y acceso a la justicia. La falta de avances en su designación ha generado inquietud entre legisladores y organizaciones sociales, quienes advierten que, sin un titular en funciones, quedan desprotegidas muchas de las políticas públicas destinadas a la infancia.