Tras el voto por San Jorge, manifestantes escracharon la casa del diputado Mauricio Torres

En las últimas horas, el diputado provincial Mauricio Torres vivió una situación de hostigamiento en su domicilio de San Carlos, cuando un grupo de aproximadamente 50 manifestantes se concentró frente a su casa para expresar su desacuerdo con su voto favorable al proyecto minero San Jorge. Durante cerca de 30 minutos, los manifestantes, en su mayoría autodenominados ambientalistas, increparon al legislador con gritos e insultos, creando un ambiente de tensión y hostilidad. Aunque el diputado no se encontraba en su casa en ese momento, su esposa y su hija fueron quienes sufrieron la invasión a su privacidad, viéndose obligadas a resguardarse dentro de la vivienda.

Este hecho, que ha generado un fuerte repudio en distintos sectores, dio lugar a una investigación judicial. El juez contravencional de San Carlos, Leandro Passerini, inició de oficio una causa con relación al escrache, considerando que los manifestantes violaron el artículo 55 del Código Contravencional de Mendoza. Este artículo sanciona los "actos turbatorios y desórdenes" y estipula penas por promover escándalos en lugares públicos o abiertos al público. La causa, que se tramita en el ámbito contravencional, busca determinar si corresponde aplicar las sanciones previstas, que incluyen multas y/o arrestos de corta duración, dependiendo de la gravedad de los hechos.

En declaraciones con la prensa, el diputado Torres expresó su rechazo al escrache, asegurando que no está en contra de la protesta, pero sí de los métodos empleados. "Mi domicilio es un lugar privado, y este tipo de manifestaciones no deberían ocurrir frente a la puerta de mi casa. Hay otros lugares para manifestarse, como la terminal de ómnibus de Eugenio Bustos o el puente del río en Pareditas, donde ya se han realizado protestas sin problemas", subrayó Torres. Además, hizo hincapié en que, aunque el derecho a expresarse es legítimo, las protestas deben llevarse a cabo de manera que no violen la privacidad ni generen miedo o intimidación.

La postura del intendente de San Carlos y el rechazo a la violencia

El escrache a la vivienda del legislador también fue rechazado por el intendente de San Carlos, Alejandro Morillas, quien condenó cualquier forma de violencia y expresó su firme apoyo a la convivencia y la paz social. En sus declaraciones, Morillas destacó que, como jefe comunal, no avalará a los grupos violentos que utilicen los escraches como método de protesta. "Este tipo de situaciones no solo afectan a la persona señalada, sino también a sus familiares y a la comunidad en general. Como intendente, mi responsabilidad es garantizar el orden y la paz en el departamento", afirmó Morillas.

El jefe comunal también resaltó que, a raíz de la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto San Jorge, se ha desatado una escalada de amenazas y escraches contra legisladores y dirigentes del Valle de Uco. A pesar de las diferencias respecto al desarrollo minero, Morillas subrayó que no se justifica el uso de la intimidación ni de las agresiones, y reiteró que la minería en San Carlos "no entrará sin el consentimiento de la comunidad".

¿Escraches como forma de protesta política?

Este incidente en San Carlos se enmarca dentro de una serie de escraches registrados en los últimos días contra legisladores y funcionarios que votaron a favor de la minería en Mendoza. Estos actos de hostigamiento han generado un debate sobre los límites del derecho a la protesta. Algunos sectores argumentan que el escrache es una forma legítima de manifestación en un contexto de disconformidad con las decisiones políticas, mientras que otros consideran que estas prácticas son una forma de intimidación que no tienen cabida en una democracia que promueve el respeto a la privacidad y al derecho de los ciudadanos a ejercer sus cargos sin temor a represalias.

Lo cierto es que los escraches a los domicilios particulares, más allá de la legítima protesta social, exigen una reflexión sobre las prácticas de hostigamiento que, lejos de contribuir al debate público, pueden generar un clima de violencia y polarización. Mientras se garantiza el derecho a la libre expresión, es fundamental encontrar mecanismos para que la protesta se desarrolle en el marco del respeto y la convivencia.