San Luis: un cacique trucho y 66 mil hectáreas en juego

En la literatura del realismo mágico, las tierras de Latinoamérica eran escenario de las acciones y la imaginación más descabelladas. Allí donde se volvía posible un diluvio universal que hacía crecer musgo en las dentaduras de las personas, o explotaban flores dentro de las piedras, la imaginación no tiene cotos que la paren.

Si pensamos que cuarenta años de democracia una provincia significaron 40 años de poder absoluto de una familia, como sucedió en San Luis hasta el 10 de diciembre pasado, con el poder de los hermanos Alberto y Adolfo Rodríguez Saá, es posible encontrarnos como muchos relatos de realismo mágico, hasta de un funcionario que se vuelve cacique por la magia y el hechizo de miles de hectáreas de tierras de una comunidad originaria.

El exministro de Legalidad (no es broma) Sergio Gustavo Freixes, su secretaria privada y el hijo del ex gobernador, según la denuncia que formuló el gobernador Claudio Poggi, se hicieron pasar por caciques ranqueles para administrar muchos millones de pesos que envió la gobernación, junto a un campo de 66 mil hectáreas, más de 8200 animales, contratos de arrendamiento y otros detalles pintorescos.

El exministro en cuestión tiene condena firme en dos instancias y espera el resultado de un recurso de queja ante la Corte Suprema, por lo que podría terminar con sus huesos en la cárcel en el transcurso del año. 

Todo arranca con la ley provincial que en 2008 creó el Registro de Comunidades Originarias de San Luis, y con ella la Comunidad Rankul cercana a la localidad de Batavia, quedó inscripta como persona jurídica. En dicho acto a los ranqueles les adjudicaron la propiedad de 66 mil hectáreas. Además, las leyes determinan que la provincia debe "brindar asesoramiento, apoyo técnico, administrativo, cultural y económico de manera que se posibilite el pleno desarrollo de su cultura, sus tradiciones, proyectos y valores". "Establecimiento San José Municipalidad del Pueblo Ranquel" se llama la comunidad establecida, con la elección de su lonko (cacique) y todo.

El actual cacique, Víctor Baigorria, contó a una agencia de noticias de la provincia que "Hubo lonkos anteriores que hicieron todo mal. En ese momento pedimos ayuda al Gobierno provincial y nos mandó a Sergio Freixes como interventor. Al principio, los primeros tres meses, me preguntaba cómo estaba el campo, pero después empezó a meter mano él. Eso estuvo mal, porque nos dejó mal parados a todos. Nos falsificaba la firma, nunca rindió cuentas a la comunidad".

Desde ese nombramiento en 2017 Freixes era interventor de la comunidad, pero a partir de un poder especial que le firmó quien era ministro de Producción, Juan Lavandeira, para "operaciones administrativas y bancarias", comenzó a manejar el establecimiento como si fuera propio, arrendó partes del campo sin contratos, dispuso de los vehículos de la comunidad y según la denuncia oficial, manejó $283.399.813 en fondos que ahora investiga la Unidad de Información Financiera de la Nación por posible lavado de dinero.

Pero se ve que con el contacto con la comunidad Freixes comenzó a autopercibirse ranquel, y en una asamblea decidieron que el ministro, junto a Alberto Rodríguez Saá hijo y a Sofía Elizabeth Aguilera -secretaria privada de Freixes- eran los nuevos lonkos de la comunidad.

El año pasado, ante la inminente salida del poder de la familia Rodríguez Saá, aparecieron las urgencias: "Cuatro días antes del final de la anterior gestión los supuestos lonkos, Freixes, Aguilera y Rodríguez Saá hijo, se hicieron transferir un aporte del tesoro provincial por $50 millones. Repito, para que se entienda, el 6 de diciembre, tres días antes de finalizar su mandato, el gobernador Rodríguez Saá dictó el Decreto N° 11.685 del 2023, donde le transfirió a las cuentas administradas por Freixes y su hijo, $50 millones", denunció el nuevo gobernador Poggi.

La denuncia contra Freixes es por falsedad ideológica, y se puso a disposición y entregó las llaves de la estancia. En el comienzo del inventario de bienes contabilizaron que hay al menos unos 168 caballos y más de 8000 vacas. También unos 130 búfalos que nunca fueron declarados al Senasa, y aclaran que en la zona hay un coto de caza de búfalos.