Qué organismo tomará el control total de los bienes de Cristina Kirchner para administrarlos

La reciente decisión del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) de ordenar la ejecución inmediata del decomiso de los bienes de Cristina Fernández de Kirchner y otros condenados en la Causa Vialidad ha puesto en el centro del debate la pregunta clave: ¿qué organismo se encargará de administrar y subastar esta imponente masa de activos? 

Aunque históricamente la tarea de disposición de bienes decomisados ha recaído en la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), las últimas resoluciones judiciales apuntan a un cambio de competencia con la intervención directa de la máxima instancia judicial.

El monto actualizado del decomiso solidario exigido a los condenados asciende a una cifra cercana a los $685.000 millones, un valor que, al no haber sido pagado por las partes intimadas, obliga a la Justicia a avanzar con la ejecución patrimonial. 

Esta etapa implica la tasación, registración y posterior disposición de propiedades e inmuebles.

La ejecución patrimonial de $685.000 millones

El fiscal de la causa, Diego Luciani, había advertido a la opinión pública sobre la necesidad de ejecutar la sentencia. "El decomiso está firme. Lo único que hay que hacer es ejecutar", sostuvo el fiscal, quien venía reclamando la celeridad del Tribunal para avanzar tras el rechazo a los planteos de las defensas.

En este complejo escenario, el organismo que asume el rol de ejecutor es crucial. Si bien la AABE se encargó de la subasta de activos en casos emblemáticos como el de los "cuadernos", diversas fuentes judiciales confirman que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) tomó la delantera. 

Mediante una acordada, el máximo tribunal reglamentó el proceso y dispuso que los bienes decomisados sean inscriptos en su órbita para su administración.

Reparación social del daño

El objetivo final de esta medida es la reparación social. En este sentido, fuentes del Tribunal remarcaron que "la finalidad prioritaria es la reparación del daño patrimonial al Estado y a la sociedad", especialmente en la provincia de Santa Cruz, cuya infraestructura vial fue perjudicada por las maniobras delictivas.

No obstante, la defensa mantiene su resistencia. Alegando la naturaleza jurídica del decomiso, los abogados de la exmandataria han argumentado que el Ministerio Público Fiscal "pretendió convertir [el decomiso] en una herramienta de carácter reparatorio, incluso confiscatoria, contrariando su naturaleza jurídico penal", una postura que fue rechazada en diversas instancias, abriendo el camino para la ejecución.

La resolución del TOF 2 estableció que, una vez decomisados e inscriptos, cualquier activo que la Corte decida no incorporar a su patrimonio institucional deberá ser subastado, y el producido de esa venta se aplicará a la reparación del daño causado. 

Esto deja en manos de la CSJN no solo la administración inicial, sino también la decisión sobre si el destino final de los bienes de Cristina Kirchner será la reutilización estatal o la subasta pública.