Propiedad privada y desalojos: los cambios clave que el Senado empieza a definir hoy

El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General del Senado retoma este miércoles el debate sobre el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Con la participación de especialistas e invitados propuestos por el peronismo, el oficialismo busca pulir consensos con sectores aliados para emitir un dictamen de comisión la próxima semana y llevar la iniciativa al recinto de sesiones antes de que finalice el mes de abril.

Las claves del proyecto: desalojos y tierras rurales

La iniciativa, defendida inicialmente por el exministro Federico Sturzenegger, propone un giro drástico en la seguridad jurídica del país. Uno de los puntos más sensibles es la implementación de un mecanismo de desalojo sumarísimo. Bajo este régimen, los propietarios podrían recuperar sus inmuebles de forma inmediata mediante la acreditación exclusiva del título de propiedad, buscando reducir drásticamente los tiempos judiciales que hoy postergan la restitución de bienes a sus dueños originales.

Asimismo, el proyecto apunta a derogar las restricciones para que extranjeros adquieran tierras rurales, eliminando los límites impuestos durante el año 2011. Según el Poder Ejecutivo, esta medida busca remover "condicionamientos irrazonables" para incentivar la inversión internacional en el sector agropecuario, uno de los motores productivos de la Argentina. 

El debate también incluye modificaciones en el Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, un punto que genera fuertes roces con los bloques opositores. En términos prácticos, esto significa eliminar las leyes que hoy frenan los desalojos en villas y asentamientos, facilitando que el dueño original recupere su terreno de forma inmediata aunque el barrio esté en proceso de urbanización.

Finalmente, la reforma busca modificar la Ley del Manejo del Fuego. El objetivo es eliminar la prohibición de vender o cambiar el uso de suelos incendiados por plazos de hasta 60 años, una norma que el Gobierno considera ineficiente y que afecta el ejercicio del derecho de propiedad. Con estas medidas, el oficialismo apuesta a consolidar reglas de juego claras y una protección irrestricta de los activos privados.