Prohibición de celulares en cárceles: Mendoza busca hacer punta

La decisión del Juez de Ejecución Penal Sebastián Sarmiento, de quitar los celulares de las cárceles ha creado una fuerte controversia con fiscales de homicidios, que apelado la medida determinando que aún no haya quedado firme.

La controversia viene desde hace tiempo, con muchos sectores bregando por la prohibición, teniendo en cuenta que desde los penales se planifican y ejecutan numerosos delitos a partir del uso de teléfonos, incluso el hoy ministro de Defensa, Luis Petri, en su momento presentó proyectos de ley para que se reglamente esa prohibición.

El Gobierno de Alberto Fernández firmó un decreto autorizando la utilización de celulares, excusado en el marco extraordinario que implicó la pandemia de COVID-19, y esto no se modificó aun cuando la pandemia fue declarada oficialmente terminada a finales del año pasado.

En Mendoza en particular, se decidió hace muy pocos días, a través de una decisión del juez en lo penal Sebastián Sarmiento que sean sacados todos los celulares de los presidios mendocinos.

Por este tema, el titular de la Procuración de Personas Privadas de la Libertad, Luis Romero, dialogó con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por ciudadano.news), quien expresó: “nosotros participamos de la audiencia donde se expusieron las posturas y acompañamos el pedido del Ministerio Público de la Defensa de Mendoza, donde se solicitaba la extensión del uso de celulares en los penales”.

“En esa oportunidad, nosotros acompañamos ese pedido y además solicitamos que en caso de no proceder esa autorización, que sí se permita el uso en la unidad 3 de mujeres de la provincia de Mendoza por las características que tiene la mujer que es condenada, básicamente porque es el sostén en general de una familia”, amplió, justificando que “si la madre no está en el hogar, la comunicación con sus hijos se dificulta mucho”.

Los fundamentos

Para acompañar ese pedido, “el fundamento que vimos que podía llegar a proceder era el decreto de necesidad de urgencia del presidente actual, que estableció en su artículo primero una serie de áreas que entraban en emergencia, que declaraban en emergencia, entre ellas el área sanitaria".

"Esa es la pequeña ventana que vimos que podía proceder para solicitar este prorroga de uso de celulares”, pero pese a este pedido, “el juez ya resolvió que eso no podía seguir en estas condiciones, dijo que se vayan retirando los celulares de los penales en un plazo no menor de 6 meses, pero con una serie de condiciones".

"La principal es que debe existir un teléfono público o semi público por cada sector o pabellón, para garantizar la comunicación con los familiares”.

Vale recordar que el jefe de los Fiscales de Homicidios, Fernando Buso, ha presentado una medida cautelar apelando la decisión del juez Sarmiento, y al respecto, Romero indicó: “es razonable también, porque lo que hace el Ministerio Público Fiscal es decir que el juez tiene que cumplir la ley y no poner condiciones".

"Eso es lo que está apelando concretamente. Nosotros de todas maneras entendemos que el fallo del juez tiene razonabilidad y perspectiva de género, pero no vamos a apelar el fallo desde la Procuración, porque creemos que el debate tiene que ser superador, y lo que debe discutirse es en la Legislatura de Mendoza el artículo que impide el uso de celulares”.

En otro tramo, agregó: “hay que ser realistas y hoy la tecnología ha avanzado tanto, que sería muy tonto no reconocer este avance tecnológico. Entonces me parece que hay que ponerse sobre esta situación como sociedad, discutir seriamente la legislatura, si permitimos el uso de celulares y en qué condiciones lo permitimos”, y amplió, “creo que el avance tecnológico hoy permite manejar aplicaciones o crear aplicaciones para poder controlar el uso de los celulares".

"Este debate debería darse en la legislatura. Sin lugar a dudas, es el lugar indicado. También esto significa que la provincia de Mendoza puede ponerse en la punta, digamos, de la vanguardia de este debate y dar una respuesta que tal vez no sea solo para Mendoza, sino para todo el país", expresó Romero.

Por lo pronto, mientras no se coloquen teléfonos públicos o semi públicos en cada sector, los celulares van a seguir estando, mientras que se aguarda que haya legislación nacional al respecto, ya que es una de las inquietudes planteadas por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

Producción periodística Daniel Gallardo.

Ver nota completa: