Profunda modificación en el sistema de empleo público en la Provincia

Mendoza está redefiniendo las bases de su relación laboral con los empleados públicos a través de un proyecto de ley que actualiza el estatuto vigente desde la época militar (1973). El senador provincial Martín Kerchner destacó a Círculo Político que esta reforma es un pilar fundamental, sumándose al equilibrio fiscal alcanzado en los últimos nueve años.

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Kerchner señaló que la provincia ha logrado una reducción de casi el 16% en la cantidad de agentes estatales desde 2015, volviendo al mismo nivel que se registraba en 2007. Este achicamiento de personal se produjo tras un período crítico entre 2007 y 2015, donde se incorporaron 26 mil empleados estatales a la nómina provincial bajo un "sistema de cooptación del Estado para entregar espacios por poder". Esta situación previa generó que en un momento dado no se pudieran pagar los sueldos. El ingreso se daba a menudo "por la ventana," sin concurso, como en 2015, cuando en la última paritaria se pasó a planta a 5 mil empleados, de los cuales la mitad había trabajado menos de seis meses en el estado.

 

Priorizar la idoneidad

 

El objetivo principal de la ley es que el empleo público deje de ser una "cuestión de salida política" y se centre en la prestación de servicio. Para ello, la Constitución de Mendoza exige idoneidad, la cual debe ser acreditada mediante concursos.

Kerchner explicó que el proyecto otorga tranquilidad al 85% de los empleados estatales que ya tienen regímenes especiales (salud, seguridad, DGE/escuela) y que no son afectados. La reforma se enfoca en el 15% restante, que pertenece a la administración central u otros organismos.

 

Para aquellos que ingresaron de manera interina, la ley establece un marco claro:

1. Tienen estabilidad hasta que se llame a concurso.

2. Tienen derecho a participar en el concurso.

3. Si ganan, se quedan.

4. Si no ganan, deberán ceder el lugar a la persona que acreditó su capacidad (idoneidad) por concurso, recibiendo una indemnización por los años trabajados.

En la administración central, se estima que esta situación afecta a unos 400 casos en toda la provincia, y deberán realizarse 400 concursos para resolver su situación.

 

Derechos sin privilegios

 

Uno de los puntos clave es la corrección de los "privilegios" del antiguo decreto de la dictadura, que, apañado por "algunos pocos sindicalistas," permitía indemnizaciones mucho mayores (dos o tres salarios por año) que las del resto de los empleados públicos o privados. La nueva norma asegura que quienes se desvinculen reciban una indemnización acorde a la ley de contrato de trabajo, es decir, un salario por año, como cualquier otro trabajador.

La reforma busca "darle más seguridad al texto de la ley para que no haya divergencias luego interpretativas por los jueces". El senador mencionó que anteriormente, en casos de desvinculación incorrecta, la resolución cambiaba dependiendo de la sala de la Corte que atendiera el caso (Sala H o Sala X), debido a que la ley no era clara. La nueva ley pretende subsanar estas ambigüedades basándose en la jurisprudencia de la Corte Nacional y Provincial.

 

Kerchner lamentó que la oposición y los gremios hayan utilizado un "eslogan del miedo" o "terrorismo de estado" para oponerse al proyecto, asegurando que solo busca reconocer derechos que no estaban claros y que la ley "no afectará nada" ni buscará una flexibilización laboral. Al contrario, argumentó, se restituye la estabilidad dejando "claras las reglas que dice la Constitución".