Privatización en Argentina: claves de la nueva prórroga anunciada

El Gobierno nacional, liderado por la administración libertaria, anunció una nueva prórroga para la conversión de empresas estatales en sociedades anónimas, un paso fundamental en su plan de privatizaciones orientado a reducir el tamaño del Estado. Esta decisión se oficializó a través del Decreto 1120/2024, publicado en el Boletín Oficial, que lleva las firmas del Presidente y todo su Gabinete.

La norma establece una extensión de 60 días al plazo estipulado en el artículo 51 del Decreto N° 70/23, ya prorrogado anteriormente por el Decreto N° 553/24. "La gravedad de la situación económica requiere esta nueva prórroga para cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley General de Sociedades N° 19.550", detalla el texto oficial. Esta medida entrará en vigencia inmediatamente.

Contexto de la medida

Desde su asunción, el Presidente Milei declaró la "emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social", vigente hasta el 31 de diciembre de 2025. En ese marco, se implementó un plan para transformar empresas estatales en sociedades anónimas, con el objetivo de avanzar hacia su privatización. Inicialmente, se otorgó un plazo de seis meses para concretar esta transición, que ya ha sido postergada en dos ocasiones.

Según fuentes del Ejecutivo, la medida busca allanar el camino hacia una reducción significativa del gasto público y un mayor equilibrio fiscal. Sin embargo, también ha generado cuestionamientos desde sectores opositores y gremiales, que advierten sobre el impacto social y económico que podría tener la venta de activos estratégicos del Estado.

Mecanismos en evaluación para las privatizaciones

El proceso de privatización está siendo coordinado por Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de las Empresas Públicas. Entre las estrategias que se barajan están:

• Licitaciones públicas: Para vender las empresas a compradores privados, lo que requiere la aprobación del Congreso.
• Oferta pública inicial (IPO): Permitiría sacar las acciones de las empresas al mercado de capitales, abriendo la posibilidad de inversión privada a través de un initial public offering.
• Cesiones parciales: En casos puntuales, se ha considerado transferir parte de las empresas a sus empleados, como se discutió para Aerolíneas Argentinas.
• Liquidación y venta de activos: Algunas empresas podrían ser cerradas, y sus terrenos y otros bienes serían puestos a la venta mediante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

Críticas y tensiones

La iniciativa ha suscitado críticas de sectores políticos y sociales. Los gremios advierten sobre la pérdida de empleo y la desarticulación de servicios esenciales que podrían derivarse de estas privatizaciones. Por su parte, analistas económicos cuestionan la viabilidad de los plazos y la falta de consenso legislativo para avanzar en proyectos de esta envergadura.

El Gobierno, por su parte, defiende la necesidad de implementar estas transformaciones como una salida a la crisis fiscal y como un camino para atraer inversiones privadas que impulsen el desarrollo de sectores clave.