Pesca ilegal y depredación: que decidirá Milei

Desde hace años escuchamos de la enorme riqueza del mar argentino, uno de los que tiene más potencial pesquero porque el Atlántico Sur está considerado el mayor caladero productivo del planeta, pero desde hace unos años también escuchamos de pesca ilegal, depredación y falta de cuidado de las especies, con pesca de arrastre que produce un verdadero ecocidio. 

Se llama caladero a una zona donde los pescadores tienden a calar sus redes por la existencia de condiciones favorables que facilitan la abundancia de pesca, y sobre esos recursos trató de implementar reformas el Gobierno a través de la ley ómnibus, a lo que el negocio cartelizado que maneja la pesca volteó mientras denunciaba la “entrega del mar argentino a las flotas inglesas, españolas y asiáticas” en detrimento de las nacionales.

Tres empresas pesqueras se reparten los cupos de captura otorgados por el Consejo Federal Pesquero, y ello iba a modificarse con la idea de Milei de realizar licitaciones internacionales para las cuotas de pesca al mejor postor, lo que significaba que quien ofreciera un arancel mayor en el proceso licitatorio, habría accedido al mar argentino. 

El nuevo incidente vino por parte del barco Tai An, de la empresa pesquera Prodesur S.A. que opera en nuestro país desde el año 1991, propiedad de Liu Zhijiang, empresario y coleccionista de arte chino, denunciado por pescar de manera ilegal por los directivos de las empresas Pesantar, Estremar y Argenova. Lo acusan de capturar 163 toneladas de merluza negra, que según las primeras inspecciones, incluyen ejemplares juveniles de una especie que tiene futuro de extinción si continúa su depredación descontrolada. 

Es un cargamento muy valioso que en el mercado internacional tiene un valor superior a los cuatro millones de dólares, y el subsecretario de Pesca nacional, Antonio López Cazorla, deberá aconsejar al presidente Milei cuanto antes para que el gobierno autorice o deniegue su comercialización. A Milei lo favorece el hecho que la ley prohíbe devolver los frutos de mar capturados al océano. El Estado nacional sólo tiene dos vías, o deshecha el polémico cargamento o lo comercializa. 

Vale recordar que en estos momentos nuestro país envía buques de la Armada para patrullar y resguardar la Zona Económica Exclusiva de la Nación que ha sido violada en reiteradas oportunidades desde el 2000 hacia esta fecha, se produce un hecho societario que puede cambiar las reglas del juego de este particular mercado que, hoy, está claramente cartelizado en pocas empresas. Frente a un patrullaje más decidido de parte de la Argentina, en Beijing, China, no descartan adquirir empresas pesqueras nacionales para continuar con los negocios, esta vez de manera legal, a pesar del enfriamiento en las relaciones entre los dos países que podría obturar esa posibilidad. 

El gobierno se vio obligado a aceptar y pedir renuncias de funcionarios, tras tomar estado público la avidez del capitán del Tai An por capturar merluza negra más allá del cupo que se le otorgó. Primero renunció Julián Suárez a la oficina de control y fiscalización pesquera y, lo acompañó, a las pocas horas, el funcionario Abdalá Bertiche, ex director nacional de acuicultura, descontentó con los planes de motosierra de Javier Milei para el sector. Pero, también, la Canciller Diana Mondino debió admitir la renuncia de Pablo Ferrara Raisberg, coordinador general en el ministerio de Relaciones Exteriores y representante en el Consejo Federal de Pesca, cuando Suárez lo señaló como el autor de supuestas llamadas intimidatorias, que le exigían que diera de baja una orden librada por su oficina contra el buque pesquero Tai An.