Paolo Rocca estalló contra el Gobierno por la pérdida de una licitación clave en Vaca Muerta

El escenario energético argentino sumó un nuevo foco de tensión que trasciende lo económico para meterse de lleno en la política industrial. Paolo Rocca, titular del Grupo Techint, manifestó su profundo malestar luego de que su empresa, Tenaris, quedara fuera de la licitación para proveer los tubos del megaproyecto que unirá Vaca Muerta con Punta Colorada.

La obra, liderada por un consorcio encabezado por YPF, optó por la oferta de la firma india Welspun, que presentó un presupuesto cercano a los 120 millones de dólares, frente a los 180 millones que cotizó la compañía argentina. Esta diferencia del 40% fue el argumento central del Gobierno y las operadoras para justificar la elección en un contexto de búsqueda de eficiencia y ahorro de costos.

El reclamo por el "dumping" y la industria nacional

Desde Techint no tardaron en reaccionar, calificando la situación como un caso claro de competencia desleal. Según la firma local, es imposible competir con los precios de India y China debido a que esas industrias reciben fuertes subsidios estatales que les permiten exportar productos por debajo de su costo real de producción.

Para que lo entendamos de forma sencilla, el dumping es una práctica donde una empresa extranjera vende productos en otro país a un precio inferior al de fabricación para eliminar a la competencia. En este caso, Rocca sostiene que se está permitiendo que caños subsidiados destruyan el mercado local.

Una señal de alerta para el empleo

Más allá de los números, la preocupación principal radica en el impacto social. La planta de Tenaris en Campana, que emplea a miles de personas, contaba con este contrato para garantizar su operatividad plena. Techint ya advirtió que esta decisión pone en riesgo inmediato unos 700 puestos de trabajo, lo que genera una fuerte incertidumbre en la comunidad industrial.

Por su parte, el gobierno de Javier Milei se mantiene firme en su postura de libre comercio. Desde el Ejecutivo sostienen que el Estado no debe intervenir para proteger empresas, sino asegurar que los proyectos de infraestructura se realicen al menor costo posible para beneficiar la competitividad del sector energético en su conjunto.

Este cruce marca un antes y un después en la relación del "Círculo Rojo" con la actual gestión, en un debate que pone sobre la mesa si la apertura económica debe ser total o si debe existir un resguardo para la producción y el empleo nacional.