Por Ciudadano.News
2 Enero de 2025 - 21:24
En un gesto de obediencia inmediata, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, activó este jueves el proceso para retirar la custodia oficial de Fabiola Yáñez, exprimera dama de Argentina, tras un pedido directo del presidente Javier Milei. El anuncio, realizado públicamente a través de redes sociales, generó un sismo en la esfera política y mediática.
El pedido de Milei llegó con palabras contundentes en su cuenta de X (anteriormente Twitter): "Le pedí a la ministra de Seguridad, @PatoBullrich, que eleve un informe a la justicia sobre el sinsentido de mantener una custodia a la exprimera dama y expareja del expresidente". La respuesta de Bullrich no tardó en llegar y fue igual de categórica: "Presidente, ya hago el informe de manera inmediata y se lo elevo a la Justicia".
La exprimera dama, quien actualmente reside en España, se encuentra en el centro de una disputa judicial con el expresidente Alberto Fernández por presuntos casos de violencia de género. Este contexto judicial, sumado al pedido de Milei, intensifica el debate sobre el uso de recursos estatales en figuras que ya no ocupan roles oficiales.
El contexto judicial y político
La medida también pone sobre la mesa la cuestionada continuidad de privilegios para exfuncionarios y sus familias. En medio de un clima de tensión política, Milei busca reafirmar su postura de austeridad en el uso de recursos públicos, una promesa que marcó su campaña presidencial.
"No tiene sentido mantener una custodia oficial para alguien que no reside en el país ni desempeña funciones públicas", señaló una fuente cercana al Gobierno. Mientras tanto, los detractores de esta decisión califican la medida como una distracción mediática para desviar la atención de otros asuntos urgentes del país.
El impacto de esta decisión, tanto a nivel legal como político, promete extenderse en los próximos días, mientras se espera que la Justicia decida sobre la solicitud presentada por el Ejecutivo.
Con este episodio, Milei reafirma su estilo de gobierno directo y controvertido, mientras Bullrich consolida su rol como ejecutora clave de sus decisiones. Esta acción podría marcar un precedente para futuras decisiones relacionadas con el uso de recursos estatales.
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