Nuevo DNU de Milei: separan Ciberseguridad de Inteligencia y habilitan arrestos en "zona de riesgo"

El Gobierno nacional oficializó una transformación estructural del aparato de espionaje argentino mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025. La normativa, que lleva la firma de Javier Milei, no solo modifica la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520 para reorganizar el organigrama, sino que realiza una modificación histórica en las competencias del organismo. 

El DNU otorga a los agentes capacidad operativa de aprehensión y clasifica la totalidad de sus actividades bajo el paraguas del secreto absoluto. El punto que mayor impacto genera en la doctrina de seguridad es la habilitación para que los efectivos de inteligencia puedan actuar físicamente en el terreno. 

La nueva letra de la ley faculta a los agentes a repeler agresiones y realizar aprehensiones en situaciones de flagrancia o cuando deban defender instalaciones, bienes o información sensible. Si bien el texto aclara que se debe dar "aviso inmediato" a las fuerzas policiales competentes tras el hecho, la medida rompe la tradicional barrera que separaba la recolección de información de la acción policial directa.

Además, el Ejecutivo introdujo una definición legal para blindar las operaciones. A partir de ahora, todas las actividades de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y sus organismos dependientes revisten carácter de "encubierto". El argumento oficial radica en la necesidad de minimizar lo que el decreto denomina "Riesgo Estratégico Nacional", protegiendo así la identidad de los operarios y la naturaleza de las misiones ante cualquier escrutinio externo inmediato.

En el plano organizativo, la reforma resuelve una vieja disputa de competencias digitales mediante una división técnica. Por un lado, la SIDE retiene el control ofensivo y de recolección a través de la renombrada Agencia Federal de Ciberinteligencia, que operará exclusivamente en el ciberespacio y el espectro radioeléctrico. 

Por otro, la defensa de la infraestructura crítica sale de la órbita de los espías. Se crea el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) bajo la tutela de la Jefatura de Gabinete. Es organismo se encargará exclusivamente de proteger los activos digitales del Estado y coordinar respuestas ante incidentes informáticos.

Para cerrar, la antigua Agencia de Seguridad Nacional se reconvierte en la Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC), con la misión específica de prevenir sabotajes e influencias externas en el proceso decisorio local. Finalmente, se disuelve la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar para evitar superposiciones, concentrando toda la producción de datos de defensa en la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto, centralizando así el mando y el flujo de información hacia la Casa Rosada.