Mendoza, San Juan y San Luis acuerdan para fortalecer la seguridad regional y combatir el delito

La Cámara de Diputados de Mendoza dio sanción final y convirtió en ley dos convenios estratégicos con las provincias de San Juan y San Luis para reforzar la seguridad pública interjurisdiccional. La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo a través de los decretos 754/25 y 1927/25, busca crear un frente común contra delitos que afectan a toda la región de Cuyo, como el narcotráfico y la trata de personas.

Un pacto regional contra el delito

El convenio principal, ratificado por el Decreto 754/25, establece una colaboración interjurisdiccional entre las tres provincias por un período de cuatro años, con posibilidad de prórroga. El objetivo es trabajar de manera mancomunada e integrada para enfrentar el crimen que impacta en la región.

Entre las acciones clave acordadas se encuentran:

• Controles unificados y operativos conjuntos de las fuerzas de seguridad en las zonas limítrofes.

• La interoperabilidad y vinculación de cámaras de seguridad en los límites provinciales para emitir alertas tempranas sobre situaciones irregulares, vehículos con pedidos de captura y personas con paradero desconocido.

• Colaboración mutua en la ejecución de medidas judiciales sobre personas y bienes, y cooperación entre las áreas de investigación para abordar delitos de alta complejidad.

El diputado Enrique Thomas (PRO Libertad) destacó que este acuerdo es un "viejo anhelo" de las tres provincias y que ya se han logrado avances significativos, como la unificación de bases de datos y la realización de más de 20 operativos conjuntos con resultados positivos.

Zona de control unificado con San Juan

El segundo convenio, formalizado por el Decreto 1927/25, es específico con la provincia de San Juan y apunta a la creación de una Zona de Control Unificado. Este proyecto se desarrollará en cinco etapas: diagnóstico, elaboración de un master plan de infraestructura, definición del proyecto arquitectónico, integración de sistemas y capacitación, y finalmente, la puesta en marcha operativa.

La aprobación no estuvo exenta de debate. La mayoría de los bloques apoyaron la iniciativa, calificándola como un "hito federal" y una herramienta crucial para combatir el narcomenudeo y otros delitos. La diputada Verónica Valverde (PJ) subrayó que "todo lo que venga a asegurar el sistema de seguridad de Mendoza, será acompañado". Por su parte, Cintia Gómez (PRO) celebró el acuerdo, destacando que aborda problemas que afectan a toda la región.

Sin embargo, el diputado José Luis Ramón (CyC) votó en contra, argumentando que los convenios son "inconstitucionales" al permitir que, por ejemplo, un juez de San Juan ejerza jurisdicción en Mendoza, lo que a su juicio es competencia federal. Su moción para que los proyectos volvieran a comisiones fue rechazada.

En respuesta, el diputado Gustavo Cairo (LLA) afirmó que los acuerdos no presentan inconstitucionalidad y que, por el contrario, buscan "reducir gastos y ganar en eficiencia" al coordinar los recursos policiales y la información entre las provincias.

Además, legisladores como Emanuel Fugazzotto (PV) y Verónica Valverde (PJ) mencionaron la necesidad de sumar a las fuerzas federales a estos controles para combatir de manera más eficaz el narcotráfico y la trata de personas