Mendoza: el Gobierno impulsa cambios en el Estatuto del Empleado Público y desata debate

El Gobierno provincial avanza con una reforma estructural del Estatuto del Empleado Público, vigente desde 1973. El gobernador Alfredo Cornejo envió a la Legislatura un proyecto de ley que, según el oficialismo, busca ordenar el ingreso de personal al Estado, evitar abusos en los cambios de gestión y modernizar un sistema que quedó obsoleto.

La diputada provincial Beatriz Martínez por Cambia Mendoza, en diálogo con (lunes a viernes, de 9 a 12, por FM 91.7 y Ciudadano_News en Twitch), explicó que el primer objetivo del proyecto es actualizar el marco normativo en consonancia con la Ley de Procedimiento, la Ley de Administración Financiera y la Ley de Responsabilidad del Estado.

Uno de los ejes centrales es la incorporación en la legislación de la categoría de personal interino, figura que ya es reconocida por la Corte Nacional y la Corte Provincial. "No inventamos nada, ya existe en la práctica. En el Estado provincial tenemos personal permanente, que accedió mediante concurso, como establece la Constitución, y personal interino, que ingresó sin concurso", señaló Martínez.

La polémica surge porque en muchos casos los interinos ocupan cargos altos en los últimos meses de un gobierno. "En 2015, por ejemplo, se designaron 5.700 interinos en las clases más altas del escalafón. Eso genera una doble injusticia: se ocupan cargos de jerarquía sin concurso y, al mismo tiempo, se bloquea el acceso a trabajadores de planta que sí podrían concursar", agregó.

Martínez enfatizó que no habrá despidos masivos. Los trabajadores actuales conservarán sus cargos hasta que sean llamados a concurso. En ese caso, podrán presentarse y competir por el puesto. "La misma persona que hoy está en un cargo interino puede concursar y ganarlo gracias a su experiencia. Lo que se busca es un sistema transparente: que el más idóneo ocupe el cargo, no quien entró por decisión política", subrayó.

La diputada también remarcó que la reforma está orientada a las categorías altas del escalafón, donde más se evidencian los nombramientos políticos de último momento, y no a los trabajadores de base.

Otro punto sensible del proyecto es la regulación de las indemnizaciones. En los últimos años, distintos fallos de la Corte provincial ordenaron reincorporar o indemnizar a interinos, con criterios dispares y montos que llegaron hasta el 200%.

"Si la Corte no fija un criterio único, el Estado queda atado a indemnizaciones exorbitantes. La ley busca dar claridad: qué se paga, cuánto y en qué circunstancias. No podemos seguir pagando cifras desmedidas con recursos públicos", explicó Martínez.

El proyecto también prevé derogar artículos que ya no se aplican, como el de los cargos hereditarios, que permitían que, en caso de fallecimiento de un empleado estatal, su cónyuge o hijos accedieran al puesto.

Aunque esta práctica fue dejada de lado hace años, la norma nunca se eliminó y todavía hay pedidos en ese sentido. "Es un criterio que vulnera la igualdad de oportunidades y debe ser eliminado definitivamente", sostuvo la legisladora.

Para el oficialismo, la iniciativa apunta a profesionalizar la administración pública y evitar que cada gestión utilice al Estado como un espacio de militancia. "Esto no es una caza de brujas ni un plan de despidos. Lo que buscamos es que los cargos se concursen, que quienes ya trabajan puedan participar y que gane el más preparado. La sociedad necesita un Estado estable y profesional, no un botín que se reparte cada cuatro años", concluyó Martínez.