Máximo Kirchner y tres empresarios, denunciados por el fiscal Luciani

El fiscal Diego Luciani, parte acusatoria en el juicio por las licitaciones de Vialidad que terminó en una condena de primera instancia a Cristina Kirchner a seis años de prisión, denunció a su hijo, el diputado Máximo Kirchner, junto a los empresarios Nicolás Caputo, Fabián de Sousa y Jorge “Corcho” Rodríguez, acusación en la que incluyó a exfuncionarios del Banco Nación.

La denuncia tiene origen en irregularidades que surgieron del juicio oral y público citado, y en un escrito de 171 carillas que presentó ante la Cámara Federal, luciani dio cuenta de siete maniobras supuestamente irregulares, que se deducen de los mensajes hallados en el teléfono celular del exsecretario de Obras Públicas, José López.

El fiscal sostiene que además hay hechos nuevos, que se conocieron a partir de las pruebas que se presentaron durante el juicio oral, y en ese sentido destacó que se deben investigar los mensajes que intercambiaron Caputo con José López, donde le reclamaba un pago por una obra.

“Así vemos cómo, por ejemplo, el empresario Nicolás Caputo mantiene comunicaciones con José López (con quien, aparentemente, tenía una relación personal de amistad) y le solicitó, por fuera de los canales administrativos correspondientes el pago de distintos certificados de obra”, consta en la denuncia.

Vale recordar que en el juicio, la vicepresidente reclamó que se investigaran sus mensajes con José López, y cuestionaron a Luciani por no haber presentado una denuncia.

De Sousa, socio de Cristóbal López en su conglomerado de medios de comunicación, entre otras cosa, está investigado en la causa Hotesur y Los Sauces, por definirse en Casación. Corcho Rodríguez es investigado como presunto intermediario en las causas que se siguen a la empresa Odebrecht, que admitió haber pagado en nuestro país.

“Se observa que el secretario de Estado López se encargó personalmente de asegurar el éxito de la gestión solicitada” por Caputo, y que “el intercambio de mensajes parece indicar la existencia de prácticas irregulares o, cuando menos, una conducta mancomunada reñida con el leal ejercicio de las funciones públicas”, plantea Luciani en el pedido.

Otro de los casos incluidos en la denuncia es el del Hospital Materno Infantil de Río Gallegos, donde “se advierten irregularidades groseras en un proceso licitatorio”, donde los mensajes “siguen la connivencia, la práctica colusoria que se verifica en la licitación, la discrecionalidad en el manejo de la cosa pública.

En resumen, la falta absoluta de transparencia con la que se manejó la licitación, avasallando todos los principios que deben regir las contrataciones públicas”.

Acusación a Máximo

El fiscal Luciani denuncia a Máximo Kirchner y las conversaciones del teléfono de López que “demuestran la existencia de nuevas y gravísimas irregularidades en el desarrollo de la licitación de la obra pública, que, consistía en pavimentar 100 cuadras de Río Gallegos”. La obra “se adjudicó ilegalmente”, el 22 de diciembre de 2014 a Kank y Costilla SA –empresa del Grupo Báez–.

“Detrás del verdadero armado de la licitación, estuvo Máximo Carlos Kirchner, junto a su asesor de confianza, el diputado santacruceño José Matías Bezi.

Lo llamativo –e inadmisible– es que estas personas, que se encargaron de llevar adelante esta licitación absolutamente amañada y direccionada, no revestían, en ese momento, cargo alguno que les concediera facultades vinculadas a las obras públicas viales nacionales, provinciales o municipales”, escribió Luciani.

Denunció también un “canal de pagos privilegiado” en beneficio de las empresas de Lázaro Báez, “articulado y coordinado” entre dichas empresas, funcionarios del Ministerio de Planificación y el Banco de la Nación Argentina.